El poder Ejecutivo a través de su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene de plazo hasta el próximo 15 de noviembre, como fecha límite, para entregar al Congreso de la Unión su propuesta del Paquete Económico del 2025.
Sin duda este Paquete será aprobado por la mayoría legislativa, sin cambiar una coma o un número. Pero este también se está planeando en dos vías, una por si gana Kamala Harris otro por si gana Donald Trump, los comicios presidenciales en Estados Unidos
De tal forma que ambos borradores, están bajo la incertidumbre del triunfo que se dé en el país vecino tras sus comicios presidenciales.
Porque de ganar la demócrata Harris, podrían descontarse los cambios radicales en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Mientras que, si el triunfador es el republicano Trump, se tendría que considerar la aplicación de las amenazas proteccionistas en la relación bilateral.
En el último caso, forzosamente se tendría que modificar el Paquete Económico porque ante la aplicación de mayores aranceles a los productos mexicanos, como los automóviles armados en nuestro país y algunos otros que ya ha mencionado Trump, representarían presiones financieras para las cuentas nacionales.
Estas presiones se verían acompañadas de una posible depreciación de nuestra monedad afectando las cuentas nacionales y por supuesto los niveles de inflación, modificando de manera considerable las expectativas macroeconómicas, como el crecimiento anual del 2025 que podría ser mucho menor al estimado que va en niveles de 3 por ciento.
En México las presiones internas son que el 70 por ciento del Presupuesto estimado, está destinado a cubrir obligaciones ineludibles, como son el pago de la deuda, externa e interna, los programas sociales, también los programas sociales existentes y los que se crearan a partir del 2025, además de aportar para las pensiones y jubilaciones existentes.
A todo esto, se debe sumar la incertidumbre que se genera cada día ante la muestra de un gobierno autoritario que no se abre al dialogo y que a toda costa busca obtener el control del Poder Judicial, lo que pone nerviosos a los inversionistas y que pensaran dos veces el colocar sus recursos en México antes que en Estados Unidos.
Entonces más que estar tratando de convencer a los inversionistas nacionales y extranjeros que las modificaciones constitucionales y legales no afectaran las condiciones jurídicas para la inversión, Se debería estar trabajando no zanjar aún más el camino de la certidumbre. Todo esto en beneficio de los mexicanos y personas que habitan nuestro país.