Estira y afloja
El 1 de septiembre de 1982, en el segundo piso de la Cámara de Diputados Manuel J. Clouthier, líder del CEE, escuchaba atento al presidente José López Portillo. Llegué ahí gracias a un pin con la bandera nacional que me dio personal del Estado Mayor. Lo acompañaban otros dirigentes. Sabía que la fuga de capitales continuaba y que los rumores crecían: que se congelarán las cuentas bancarias y de cheques, que las compras de bienes ya eran de pánico y había escasez, que habrá control de cambios y la expropiación de cajas de seguridad… Le pedí que leyera el texto subrayado del informe que le entregué para conocer su opinión:
“Tenemos que detener la injusticia del proceso perverso fuga de capitales- devaluación- inflación que daña a todos, especialmente al trabajador; al empleo y a las empresas que lo generan. Estas son nuestras prioridades críticas. Para responder a ellas he expedido en consecuencia dos decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviniente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear”.
—Hay muchos rumores… Hay que oír al Presidente, cortó Maquío al reportero de Excélsior.
No sabía que la Secretaría de Gobernación rompió horas antes una tradición periodística, la de entregar a todos los medios una copia escrita del informe presidencial en los primeros minutos del 1 de septiembre para iniciar su proceso de edición. Eso alertó a los periodistas. De hecho se rumoró que en esa madrugada algunos banqueros sacaron millones de dólares en efectivo con aviones particulares.
La mirada de Clouthier al reportero fue muy fría. Pasó el documento a José María Basagoiti, presidente de Coparmex, y éste a Emilio Goicoechea, presidente de Concanaco, y luego a Alfonso Pandal Graf, presidente de Concamin y a Carlos Abedrop, presidente de los banqueros… Intercambiaron miradas y susurros.
La atención regresó al mensaje presidencial y una hora después confirmaron lo leído. Escucharon los rabiosos aplausos de apoyo y no se inmutaron por los cientos de miradas que esperaban verlos salir del recinto legislativo; aguantaron sentados hasta el final. Clouthier, Basagoiti y Goicoechea acordaron darme su opinión solos, y así fue. Abedrop leyó un breve mensaje escrito a mano ante Joaquín López Dóriga frente a las cámaras de Televisa. La salida fue un caos. Se fueron a un hotel para analizar la situación junto con otros empresarios.
Todos coincidieron en rechazar el diagnóstico de crisis hecha por José López Portillo, que las apreciaciones sobre la banca fueron injustas e infundadas y no es culpable de la crisis, que se optó por la estatización y no la libertad, que a pesar de todo seguirán en el país, que se dañó la confianza, y que no son saca dólares, y los que lo hicieron fue por desconfianza en sus gobernantes. Se nacionalizaron 49 bancos que tenían 5 mil accionistas, a quienes se indemnizó con más de 113 mil millones de pesos de aquel entonces. Indirectamente se expropiaron 467 empresas y se enajenaron 339 con un pago superior a 118 mil millones de pesos.
En 2007 Jesús Silva Herzog, titular en esa época de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó en su libro de memorias que “años después tuve información precisa” de que los directores Banamex y Bancomer, Agustín Legorreta y Manuel Espinosa Yglesias, fueron “alertados” un día antes en la noche “por una voz de Los Pinos” sobre la nacionalización. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Atanasio González, comentó ese mismo año que Arturo Durazo, el jefe de la Policía, les informó minutos antes del hecho y que él protegería a los bancos.