NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El Plan B es una iniciativa electorera de las que un gobierno impulsa más por ganar votos que por compromiso real de equidad y combatir privilegios, comenzando por la ventaja de subir a la Presidenta a la boleta en 2027. La justificación de austeridad y reducir el costo de la política le servirá, además, para hacer campaña a su favor con la bandera de su frustrada reforma electoral y logros gubernamentales.
Se llega a escuchar que éste era el auténtico Plan A, dada la insistencia de Claudia Sheinbaum de presentarla al Congreso a sabiendas de que no transitaría sin los votos de sus aliados del PT y el Verde. Aunque siempre es tentador “espinear” una narrativa para crear versiones de una derrota, la respuesta de esta minirreforma política refleja que su rechazo de la original algo movió en la visión de Morena hacia sus socios; ambos respaldan la nueva iniciativa y salvar la coalición hacia 2027, aunque sin desaparecer una insana intriga interna con reclamos de traidores. La nueva propuesta, también de reforma constitucional, describe estrategias y maniobras políticas hacia las elecciones federales y locales de 2027, con recursos como el uso de la revocación de mandato para potenciar la votación y reducir riesgos al refrendo de triunfos en estados muy comprometidos. Los comicios intermedios son prioridad de Sheinbaum para retener el control del Congreso en la segunda mitad del mandato; aun al costo de que sus metas de rentabilidad electoral provoquen un desbalance en la competencia con la eliminación de restricciones para hacer compaña.
La oposición lo rechaza como otra tentativa de concentrar y centralizar el poder con la retórica impotente de la regresión democrática, aunque no cambie el modelo político ni electoral, sino sólo beneficiarse con el rediseño de ciertas reglas. Propone abrir la puerta a la convergencia el mismo día de la elección y la revocación de mandato con el propósito de que su popularidad arrastre el voto de Morena con ella en campaña difundiendo logros de su gobierno; y desactivar candados cerrados desde 2007 para evitar la intervención de los presidentes en el debate público e influir en las preferencias electorales. El Plan B es la apuesta de Morena por el liderazgo de Sheinbaum como factótum de la contienda, en una estrategia apoyada por unos aliados empoderados por la última batalla y siempre que no ponga en riesgo sus rentas y privilegios políticos. Pero es un esquema que también deja ver el desgaste de la imagen de Morena por divisiones y escándalos de corrupción, y la intención de reequilibrar fuerzas con sus socios tras su rebelión contra el Plan A, que reduciría su peso en su coalición. El último escollo para su respaldo fue eliminar la idea de abrir las consultas populares a temas electorales para preguntar a la gente si están de acuerdo en reducir el costo de la democracia y diputaciones plurinominales, a lo que el PT y el Verde se oponían en redondo.
Pero aun de forma recortada, la Presidenta podrá llevar a la campaña su promesa de reducir el gasto de la política y los privilegios de las cúpulas partidistas, como las de ellos, que tiene gran aceptación popular. Porque la reforma pretende también limitar el gasto de los congresos locales y recortar el número de regidores en ayuntamientos, una medida criticable por invadir la soberanía estatal y favorecer el centralismo federal; no obstante que su ratificación en los congresos estatales transitará sin apuro con carta blanca de sus 22 gobernadores. Asimismo, establece una reducción progresiva de 15% del gasto del Senado y llevar la austeridad republicana a los sueldos y prestaciones de los funcionarios del INE. Ninguno de estos cambios implica una reforma electoral que modifique la representación política para sostener el discurso opositor del “golpe” a la democracia; sino, más bien, de un redimensionamiento a estructuras políticas de poderes locales con la lógica del adelgazamiento de los planes de ajuste del neoliberalismo para contraer burocracias.
En síntesis, el Plan B de Sheinbaum se parapeta en la idea de desahogar de una vez los pendientes de la agenda política de su gobierno con la mayor elección celebrada hasta ahora en el país, incluida la del Poder Judicial. Que igualmente justifica con rebaja de costos y ahorros, aunque de lo que realmente habla es de colocar su objetivo de rentabilidad electoral en el centro del plan; por eso, quizá sí, el que más importa.
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