Algo está ocurriendo dentro de la consulta que lleva a cabo la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre los Lineamientos de los Derechos de las Audiencias.
Hace unos días la discusión se veía más dividida. Había posturas a favor junto con críticas; una mezcla más equilibrada. Ahora, en los comentarios más recientes, predomina con claridad el rechazo.
Lo interesante no es solo el número de participantes: 1,898 desde que inició la consulta, el 27 de julio, con 2000 comentarios, cifra que sigue en aumento. Lo interesante es cómo está cambiando el tono del debate.
Hay quienes defienden la necesidad de mayor ética periodística y de distinguir entre noticia y opinión. Pero, una y otra vez, aparece la misma objeción: el gobierno quiere regular a los medios privados mientras las conferencias mañaneras de la presidenta de la República operan sin reglas equivalentes.
– “Es juez y parte”, escriben varios.
– “Yo decido qué ver, no necesito tutela”, insisten otros.
Las coincidencias formales siguen ahí: códigos de ética, defensorías de audiencias y diferenciación entre información, opinión y publicidad. Pero las divergencias se han vuelto más contundentes.
La preocupación por la discrecionalidad de conceptos como “información descontextualizada” y por las facultades de la CRT para intervenir en las defensorías de los propios medios ya no aparece como una objeción aislada: se ha convertido en uno de los ejes del debate.
Sí, la CRT tiene facultades legales para actuar como supervisora y, en su caso, como órgano sancionador. Se las otorga directamente la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, que sustituyó a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Pero hay una diferencia que no es menor.
El IFT era un órgano constitucional autónomo. La CRT es un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que depende del Ejecutivo.
Y entonces aparece la pregunta que atraviesa buena parte de las preocupaciones expresadas en la consulta: si el árbitro tendrá mayores facultades para decidir sobre la actuación de los medios —con el riesgo de sobrerregulación o de censura indirecta—, ¿qué garantías existen para que ese árbitro sea percibido como verdaderamente independiente?
Hay otra pregunta: si los derechos de las audiencias ya están reconocidos y fundamentados en la Constitución y en la LMTR, ¿cuál es el propósito del gobierno federal de establecer más lineamientos cuando desde Palacio Nacional se insiste en desacreditar a medios, periodistas y columnistas críticos?
Porque mientras avanza la consulta (que concluye el 21 de agosto), se dejan ver los verdaderos lineamientos del gobierno morenista, tanto en el ámbito federal como en los estados.
Con un tufo lópezportillista, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una de sus mañaneras que hay medios que no quieren al gobierno de la 4T “porque no les damos ‘chayote’; así, tan sencillo como eso”.
Reveló que su administración no le da publicidad oficial a Reforma, El Universal y TV Azteca- que han sido críticos hacia su gobierno. Su declaración recordó lo dicho en 1982 por el ex presidente José López Portillo cuando le quitó la publicidad oficial a la revista Proceso: “No pago para que me peguen”.
Y abonó aún más en la polarización cuando le preguntaron sobre regular sus mañaneras: “Que no la vean”, respondió.
En el ámbito estatal, gobernadores de Morena impulsan acciones fiscales, judiciales y digitales para amedrentar comunicadores.
En Puebla se usa la figura de violencia política por razón de género contra periodistas y críticos, además de reformas tipo ciberasedio. En Campeche hay requerimientos fiscales y judiciales a medios críticos. En Oaxaca el gobernador amenaza públicamente con difundir “listas negras” de medios que “odian” a su gobierno.
En ese ecosistema morenista se habla de derechos de las audiencias, pero cuando el mismo poder que se siente agredido por la cobertura crítica diseña o aplica las reglas de “protección” al público, el riesgo de captura regulatoria y de uso selectivo de sanciones es alto.
Y ningún gobierno —ni el actual ni los anteriores— es el actor más idóneo para fungir como árbitro neutral de los medios cuando esos mismos medios lo investigan o lo critican.
El papel del Estado es garantizar pluralismo, competencia y reglas claras de responsabilidad ulterior, no arbitrar la “verdad” periodística ni confeccionar listas de medios aceptables.
Mientras esa tensión no se resuelva con instituciones genuinamente autónomas, el “defensor de las audiencias” seguirá siendo visto, con razón, como un potencial instrumento de control más que como un mediador neutral.
El trompo de la consulta sigue girando. La pirinola, por ahora, no está cayendo del lado que el poder esperaba.
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