Augusto Gómez Villanueva propone un frente patriótico y advierte sobre la destrucción institucional y el avance del crimen organizado
El exsecretario de la Reforma Agraria considera que el PRI perderá su razón histórica si reduce su futuro a la recuperación de cargos. Plantea defender la Constitución, reconstruir las instituciones sociales y contener una tendencia autoritaria que, en su opinión, amenaza la democracia mexicana.
Las respuestas de Augusto Gómez Villanueva no terminan donde comienza la siguiente pregunta. Su memoria trabaja con otra lógica; un tema conduce al antecedente que lo explica y éste abre, a su vez, una etapa distinta de la historia nacional.
Cuando se le pregunta por el posible regreso del PRI al poder, Gómez Villanueva retrocede a la Independencia, habla de la Constitución de 1857, se detiene en la Revolución y llega finalmente al deterioro institucional que él atribuye a los gobiernos recientes.
A los 97 años conserva esa forma de argumentar. El rostro permanece atento mientras escucha; después baja ligeramente la mirada, junta las manos y comienza a ordenar los hechos; habla con pausa, enlazando el recuerdo personal con una concepción del Estado aprendida durante el cardenismo.
La pregunta es directa. ¿Puede el PRI recuperar nuevamente el poder?
Gómez Villanueva evita formular un pronóstico electoral y considera que el regreso a la Presidencia carecería de valor si el partido abandona su compromiso con la Constitución y con las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana.
La raíz constitucional
Recuerda que el Partido Revolucionario Institucional fue fundado bajo otra denominación en 1929. Gómez Villanueva sitúa su raíz ideológica en los procesos anteriores que construyeron el Estado mexicano.
La Constitución de 1824 incorporó los principios de independencia, soberanía y organización federal. La de 1857 estableció las garantías individuales, la libertad de pensamiento y el carácter laico del gobierno. La de 1917 añadió los derechos sociales, las garantías laborales y la propiedad originaria de la nación sobre tierras y recursos naturales.
“La Constitución de 1917 es la suma de los principios establecidos en la Independencia, la soberanía y la libre determinación, con la democracia social y la justicia social”, expresó.
El modelo descansaba en una economía mixta y en un régimen de propiedad que buscaba equilibrar el ejido, las comunidades, la pequeña propiedad y la inversión privada; el Estado asumía la responsabilidad de orientar el desarrollo y reducir las desigualdades.
Gómez Villanueva considera que el PRI “convirtió esa herencia en un programa político”. Desde su perspectiva, el partido estableció una continuidad entre el liberalismo de Benito Juárez y la democracia social surgida de la Revolución.
Esa interpretación marcó su vida pública. Como dirigente de la Confederación Nacional Campesina participó en la formación de cuadros agrarios y al frente del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización intervino en la aplicación de la legislación sobre tierras y comunidades. Después fue secretario de la Reforma Agraria en el gobierno de Luis Echeverría.
Su experiencia con el presidente Echeverría consolidó la visión del Estado que todavía defiende. El gobierno debía repartir tierras, financiar la producción, construir infraestructura y procurar que los proyectos de desarrollo incluyeran a campesinos y trabajadores.
Durante su reciente conversación con los integrantes del Club de Comunicadores y periodistas de México, AC (COPAC), recordó la entrega de terrenos para hospitales, instalaciones públicas y desarrollos turísticos. También atribuyó a aquel sexenio la ampliación de instituciones de vivienda y seguridad social.
Gómez Villanueva juzga a los gobiernos desde esa experiencia. Para él, la fortaleza del Estado se mide en la capacidad de sostener escuelas, servicios médicos, vivienda, infraestructura y oportunidades productivas.
Austeridad y destrucción
El exsecretario de la Reforma Agraria considera que la lucha contra la corrupción y la austeridad fueron utilizadas para justificar la desaparición o el debilitamiento de instituciones que garantizaban derechos sociales.
“Lo que se ha pretendido destruir de las instituciones creadas durante estos últimos años forma parte de una visión miope”, afirma. En su opinión, la reducción del aparato público dejó al país con menor capacidad para atender la salud, la educación y la infraestructura. También debilitó organismos encargados de proporcionar protección jurídica, transparencia electoral y límites al poder presidencial.
Gómez Villanueva reconoce que la corrupción exigía acciones firmes y que el gasto público debía someterse a controles. Su crítica apunta a la decisión de identificar instituciones completas con los abusos cometidos por algunos funcionarios y proceder a desmantelarlas.
“La desintegración de las instituciones que daban garantía a los derechos sociales está limitando el desarrollo democrático, las libertades esenciales y el proyecto económico y social del país”, indica.
La frase conserva la huella de su formación cardenista. Reitera que una democracia sostenida únicamente por elecciones resulta insuficiente dentro de su concepción política. Esta —me dice—, requiere condiciones materiales que permitan ejercer los derechos, entre ellas educación, salud, tierra, vivienda y empleo.
Restitución constitucional
Cuando le insisto en la posibilidad de que el PRI pudiera volver a encabezar el gobierno, Gómez Villanueva establece una condición que invariablemente debe cumplirse.
Sí, el partido puede aspirar al poder, pero antes debe impulsar un “proceso de restitución constitucional” —anticipa. Luego señala:
“Si el PRI abandona esa razón de su existencia y de su compromiso histórico, perderá el sentido de su participación actual”, advierte.
La restitución que propone comprende la defensa de las instituciones, la recuperación de los contrapesos y el restablecimiento de normas que, desde su perspectiva, han sido modificadas para favorecer la concentración del poder.
Considera incluso la formación de un “frente patriótico”, integrado por fuerzas políticas capaces de coincidir en la defensa constitucional aunque mantengan diferencias ideológicas.
“Si para eso fuera necesaria una transición en la que tuviéramos que formar un frente patriótico, como lo estamos pretendiendo, lo tenemos que impulsar”, dice.
Gómez Villanueva utiliza después una expresión contundente. Afirma que ese frente tendría la responsabilidad de impedir que continuara una “tendencia hacia un gobierno plenamente fascista”.
La calificación pertenece a su juicio político; la relaciona con la concentración de facultades, el debilitamiento de las instituciones electorales y judiciales y el uso del respaldo popular para reducir los límites constitucionales.
“Tenemos que mantener el camino de la democracia como la única fórmula que nos lleve a un proceso de restitución de la Constitución”, afirma.
Su planteamiento coloca al PRI ante una tarea más exigente que la propia recuperación de candidaturas y presupuestos; el partido tendría que reconstruir una identidad constitucional, admitir las responsabilidades de sus gobiernos y explicar cuáles instituciones pretende recuperar.
La nostalgia por el poder perdido carece de utilidad frente a una sociedad que conoce los errores y abusos acumulados durante décadas y por ello Gómez Villanueva propone volver a los principios que justificaron históricamente la existencia del PRI, no a las prácticas que precipitaron su derrota.
Salud, educación y elecciones
El deterioro institucional aparece en su diagnóstico como un proceso amplio. Gómez Villanueva menciona los servicios de salud, el sistema educativo, la infraestructura, el Poder Judicial y las autoridades electorales.
Asegura que varias reformas redujeron las garantías de participación ciudadana y debilitaron los instrumentos encargados de organizar las elecciones, calificar sus resultados y proteger la voluntad popular.
El Instituto Nacional Electoral ocupa un lugar central en su preocupación. Lo considera parte de un proceso que trasladó la organización de los comicios desde el gobierno hacia una institución con participación ciudadana y reglas previamente establecidas.
Los cambios que limitan sus facultades representan, a su juicio, un retroceso “porque se han afectado instituciones creadas para garantizar el derecho y el respeto al voto de los mexicanos”, afirma.
También manifiesta preocupación por las reformas al Poder Judicial y por la forma en que las mayorías legislativas han aprobado cambios denunciados por los partidos opositores como violaciones a los derechos políticos.
“Los intentos de destruir las instituciones, el Poder Judicial y el instrumento electoral que garantiza elecciones con participación social, han violentado abiertamente las reglas”, aclara.
Su crítica tiene una paradoja que él conoce; habla desde un partido que durante décadas controló los procesos electorales y que aceptó construir organismos autónomos ante la presión social y opositora. Gómez Villanueva entiende, por esa experiencia, que la autoridad electoral fue creada para limitar al gobierno, incluso cuando ese gobierno estaba encabezado por el PRI.
Las armas y el narcotráfico
La entrevista aborda al final la expansión del crimen organizado y la participación de políticos mexicanos en redes investigadas por autoridades estadounidenses.
Gómez Villanueva recuerda que el narcotráfico estuvo presente durante los gobiernos priistas y fue discutido en numerosas reuniones interparlamentarias entre México y Estados Unidos.
Los legisladores mexicanos planteaban de manera recurrente el tráfico ilegal de armas desde territorio estadounidense. También señalaban que la demanda de drogas en Estados Unidos sostenía económicamente a las organizaciones dedicadas al traslado y venta de estupefacientes.
“Las armas violaban ilegalmente la frontera y eran adquiridas por los grupos organizados que se dedicaban al narcotráfico”, señala.
Durante décadas existieron mecanismos de cooperación —explica—, aunque los acuerdos procuraban respetar la soberanía mexicana. Las acciones conjuntas debían ajustarse a la Constitución y mantener la autoridad del Estado sobre su territorio.
Gómez Villanueva considera que “la dimensión actual del crimen organizado rebasa las etapas anteriores. Los grupos delictivos ampliaron su presencia territorial, diversificaron sus actividades y adquirieron capacidad para influir en gobiernos, policías, economías regionales y procesos electorales”.
Los diagnósticos disponibles, dice, resultan “aterradores” por el grado de penetración alcanzado. México enfrenta ya la calificación de un Estado secuestrado por el crimen organizado, afirma.
La expresión alude a una amenaza que rebasa la violencia cotidiana. “Un Estado secuestrado pierde capacidad para aplicar la ley y permite que las organizaciones criminales decidan quién gobierna, quién comercia, quién produce y quién puede permanecer en una comunidad”.
La advertencia de un priista histórico
Gómez Villanueva concluye la conversación advirtiendo que no existe una receta sencilla para el regreso del PRI. Su propuesta exige una revisión más profunda que un simple cambio de dirigentes o una nueva campaña publicitaria.
El partido tendría que recuperar el vínculo entre Constitución, justicia social e instituciones; reconocer las responsabilidades de sus gobiernos y reconstruir la representación perdida cuando se separó de obreros, campesinos, maestros y organizaciones populares —puntualiza.
Su llamado a la conformación de un frente patriótico, parte de la idea de que la defensa constitucional puede reunir a fuerzas distintas. El propósito sería contener la concentración del poder y restablecer instituciones capaces de proteger los derechos políticos y sociales.
Las expresiones sobre fascismo, populismo y destrucción institucional corresponden a un protagonista del antiguo régimen que observa con severidad al gobierno actual. Su relevancia reside también en la experiencia desde la cual formula esas acusaciones.
Gómez Villanueva trabajó con presidentes, encabezó la política agraria, participó en el Congreso y representó a México durante una etapa crítica de la Guerra Fría; conoció el poder desde dentro y ha visto al PRI convertirse en una fuerza minoritaria.
A los 97 años, las manos que distribuyeron expedientes agrarios y firmaron decisiones de gobierno muestran las huellas del tiempo y todavía se abren para acompañar un argumento; todavía golpean suavemente la mesa cuando una idea reclama precisión.
Su respuesta acerca del futuro del PRI deja una exigencia incómoda para su propio partido. Y advierte con justa razón —con la sabiduría que sólo da el tiempo en un hombre inteligente como él—, que antes de recuperar el gobierno, tendría que recuperar una razón para merecerlo.
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