Número cero/ EXCELSIOR
El más reciente escándalo de la Corte alrededor de su presidenta, Norma Piña, quebranta a la institución, teniendo en ciernes una reforma al Poder Judicial, a la que se resiste por considerarla un ardid del Presidente para rebajarla. Pero no es la única consecuencia de los cabildeos de la ministra en medio de la disputa política, también abonan a la controversia sobre la autonomía de la justicia electoral como última red para atajar conflictos e impugnaciones de los comicios.
Reuniones que parecen conciliábulos nunca son oportunas para la independencia de la Corte, menos cuando el Ejecutivo pone en duda su autonomía desde que llegó al cargo y le reclama extralimitarse por determinar políticas públicas y crear normas de derecho fuera de su competencia. Si se practican estas citas, es con alto riesgo de degenerar en abusos y, en este caso, acreditar la politización de la justicia con que se justifica la reforma. Qué asuntos pueden ser tan importantes para asistir a una cena privada con magistrados electorales y el líder del PRI, Alejandro Moreno, a la que también contaban con la presencia del coordinador de Xóchitl, el panista Santiago Creel. El tema se desconoce, pero el grupo de presión habría tratado de disuadir a tres magistrados que depusieron al presidente del TEPJF a finales del año pasado, a juzgar por mensajes privados de Piña con uno de ellos que luego se revelarían.
Tal es el caso, que su antecesor, Arturo Zaldívar, aprovecha para enmarcar la reunión en un reflejo de Piña por ganar influencia electoral en favor del frente opositor; aunque, a su vez, se trate de su propia defensa por la investigación que le abrió sobre presiones a jueces y magistrados en sus resoluciones de asuntos de interés del gobierno, antes de su renuncia anticipada a esa posición para saltar al equipo de Sheinbaum y encargarse de preparar la reforma.
La Corte necesitaría ser escapista para salir ilesa del choque de trenes de la disputa política detrás de esos escándalos. Lejano se ve el tiempo de la “marea blanca” que exigía en las calles que “la Corte no se toca”, de igual modo que la “marea rosa” había hecho en defensa del INE, antes de que abrazara la candidatura de Xóchitl en la campaña. Ahora su presidenta, a quererlo o no, también parece atrapada en la polarización política o en los sesgos “contramayoritarios” atravesados por los partidos que vician el curso democrático y legislativo.
También podría ser un sainete interno de una obra teatral que se representa popularmente como función independiente en tiempo electoral, si no fuera porque, tanto la campaña de Sheinbaum como la de Xóchitl, agitan los últimos días la idea de fraude electoral o apelar a la violencia como recurso desesperado para impugnar los comicios, aunque nadie gane con eso. Pero sí a una pérdida de una institución encargada de validar la elección y de sus magistrados, a los que podría pasar el tren de la inconformidad de unos u otros por encima de la toga.
Ya en la elección de 2006 el árbitro electoral fue el más vapuleado por el conflicto poselectoral y crisis política que daría paso a una reforma electoral. Desde entonces ronda el mito de la anulación de una elección presidencial como un supuesto posible, aunque nunca ha ocurrido y sería desastroso porque desmoronaría el único dique de la lucha por el poder: el voto. En cambio, lo que sí es práctica casi de oficio es impugnar comicios estatales con votaciones cerradas para trocar el resultado en los tribunales.
La Corte y el TEPJF conocen bien esas historias que, como advertía el evangelio de Lucas, quieren aprovechar viejos odres, aunque el vino nuevo los rompa y se derrame. Todos los candidatos presidenciales coinciden en una reforma al Poder Judicial que, desde distintas perspectivas, abordan el problema de la autonomía de la Corte y los controles de su independencia. Y también saben que el Congreso tiene listos dos anteproyectos, uno con la iniciativa presidencial y otro que integra más de un centenar de propuestas de todos los partidos para llevarlas al pleno, según el resultado de la elección.
Sin duda, puede resultar tan tentador como peligroso inmiscuirse en la disputa política para esperar un resultado más favorable a los intereses del Poder Judicial, pero sería un error que llevaría años de descrédito a una institución lejana de la gente y desgastada por sus propios responsables.