Las consecuencias imprevistas de defender primero y averiguar después; que alguien se lo diga a la presidenta
Robert K. Merton escribió hace 90 años sobre las consecuencias que nadie calcula cuando toma una decisión. Una vieja caricatura de Porky y el Pato Lucas me ayudó a entender aquella idea en los años setenta. Hoy, las visas canceladas por Estados Unidos, la defensa política de personajes de Morena como Andy López Beltrán, los gobernadores Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, y la confrontación con periodistas y medios vuelven inevitable aquella asociación
Un día, hurgando entre viejos apuntes de mis años en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que dirigía Alejandro Avilés, encontré una tarea que llevaba décadas olvidada. Si la memoria no me traiciona, me la encargó Jesús Pablo Tenorio, uno de aquellos maestros de marcada carga intelectual —aunque menos todo terreno que muchos de mis queridos profesores, encabezados por Manuel Pérez Miranda—, en los años en que yo comenzaba a descubrir que el periodismo obligaba también a buscar respuestas en las bibliotecas, fuera del salón de clases.
Especialista en las teorías de Marshall McLuhan, teórico canadiense de la comunicación célebre por estudiar cómo los medios transforman la percepción y la organización social y por su fórmula “el medio es el mensaje”, yo le había preguntado por algo que le escuché llamar “la Ley de las consecuencias imprevisibles”. Tenorio me dio una explicación somera y, en vez de desarrollarla a fondo, me pidió investigarla, buscar yo mismo su origen en los libros y regresar con algo más que una definición.
Así llegué a Robert K. Merton (1910-2003) y a su ensayo The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action (Las consecuencias no anticipadas de la acción social intencional), publicado en 1936. Merton fue un influyente sociólogo estadounidense, profesor de la Universidad de Columbia, que estudió cómo las acciones humanas deliberadas pueden producir resultados distintos —e incluso contrarios—, a los que originalmente se buscaban.
Debo señalar que él no fue el primero en estudiar este fenómeno; hubo otros antes, pero Merton lo explicó de una manera que no exigía formar parte del reducido mundo de especialistas en filosofía, economía o ciencias sociales, disciplinas que mucho atraían a varios de mis colegas estudiantes de la UNAM. Nosotros, en la Septién, practicábamos el periodismo más en las calles, frente a los entrevistados y las fuentes, que en los libros, debo reconocerlo.
Merton había estudiado algo que ocurre con frecuencia en la vida pública y privada, pues tomamos una decisión para conseguir un resultado concreto y esa misma decisión genera otros efectos que jamás entraron en nuestros cálculos.
Su definición conserva hoy bastante sentido; no ha pasado de moda, pese a tener ya 90 años. Nadie dispone de toda la información ni puede anticipar las reacciones de quienes serán afectados por una decisión. A eso se agregan los errores de cálculo y la urgencia por resolver el problema que tenemos enfrente, sin alcanzar a medir el que puede aparecer detrás.
Él llamó a esto último la “imperiosa inmediatez del interés”. La expresión me pareció entonces demasiado académica para algo que terminaría entendiendo y explicando de manera mucho más sencilla, al relacionarla con una caricatura que por aquellos años había visto en televisión, aunque había sido estrenada casi dos décadas antes de que yo comenzara a estudiar periodismo.
Se titulaba Dime to Retire (Diez centavos y a descansar). Los protagonistas eran el cochinito Porky y el Pato Lucas. Años después, con la llegada de Internet y Wikipedia, averigüé que se trataba de un cortometraje de Looney Tunes, producido por Warner Bros., dirigido por Robert McKimson y estrenado en Estados Unidos el 3 de septiembre de 1955; posteriormente fue incorporado a El Show de Porky y apareció como el primer corto del episodio 14, transmitido por ABC el 20 de diciembre de 1964.
La verdad, no puedo precisar cuándo lo vi por primera vez en México, pero la historia se me quedó grabada. El Pato Lucas administraba un hotel y había ideado una pequeña estafa. Introducía un ratón en la habitación de Porky —a quien le había cobrado sólo 10 centavos de entrada—, y después le cobraba, una tras otra, las soluciones destinadas a sacar a cada animal que él mismo había metido.
Al despertarse por la presencia del ratón, Porky se quejó con Lucas y recibió de inmediato una propuesta, desde luego acompañada de un nuevo cobro, pues habría que meter un gato para expulsar al intruso. El gato cumplió su cometido, pero ahora había un felino en la habitación.
Lucas introdujo entonces un perro para sacar al gato. El perro lo expulsó y se quedó dentro. Para resolver ese nuevo problema llevó un león, que hizo desaparecer al perro pero permaneció allí. La siguiente solución fue un elefante, que consiguió sacar al león y dejó a Porky con un inconveniente bastante mayor, un enorme paquidermo dentro del cuarto.
Para sacar al elefante, Lucas tuvo que volver al ratón original. El enorme animal —conforme al viejo recurso de las caricaturas sobre su supuesto miedo a los ratones—, huyó despavorido al verlo.
Después de utilizar un gato, un perro, un león y un elefante, Porky terminó como había empezado, con el ratón original dentro de su cuarto.
Aquello me pareció una representación magnífica y mucho más comprensible —aunque más rupestre, lo reconozco—, de una parte del razonamiento sociológico de Merton. Cada remedio resolvía el problema inmediato y dejaba otro; conforme avanzaba la cadena, las soluciones se volvían mayores, más complicadas y más costosas que el inconveniente original. Así lo expliqué en mi trabajo, escrito en varias cuartillas de papel bond.
Al observar lo que ocurre actualmente en México, me acordé de esos días como estudiante en la Carlos Septién, de aquella tarea encargada por Jesús Pablo Tenorio y de la caricatura de Porky y el pícaro Pato Lucas.
Washington entra en la habitación
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta desde hace meses una sucesión de señalamientos, investigaciones, acusaciones y decisiones adoptadas en Estados Unidos que alcanzan a personajes vinculados con Morena y con la llamada Cuarta Transformación.
El caso más reciente es el de Andrés Manuel —Andy— López Beltrán, quien dio a conocer el 14 de agosto que Estados Unidos le había revocado la visa. Atribuyó la decisión a funcionarios del gobierno de Donald Trump, la consideró políticamente motivada y afirmó que nadie le ha presentado una prueba de conducta ilícita.
Aquí hay que establecer una diferencia elemental. La cancelación de una visa estadounidense no acredita la comisión de un delito; tampoco permite afirmar, por sí sola, que exista una investigación penal. Estados Unidos puede retirar ese documento por distintas razones y ni siquiera está obligado, en todos los casos, a revelar públicamente los motivos.
Eso no resta importancia a lo ocurrido. Reuters informó desde octubre de 2025 que Estados Unidos había revocado las visas de más de 50 políticos y funcionarios mexicanos. De la mayoría se desconocían públicamente las identidades y las razones de la medida. Algunas fuentes estadounidenses dijeron entonces que ciertas cancelaciones podían relacionarse con investigaciones criminales; la propia información advertía que esto no ocurría necesariamente en todos los casos.
Entre los casos conocidos está también el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien informó que Estados Unidos le había retirado la visa junto con la de su esposo, Carlos Torres. En junio, medios estadounidenses reportaron que la misma medida alcanzaba a Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas. Ambos mandatarios lo negaron y la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo no haber recibido comunicación oficial ni extraoficial de Washington sobre esas supuestas cancelaciones. La contradicción continúa sin una explicación pública.
El problema político para México comienza ahí. Existe una cantidad considerable de decisiones tomadas por Washington sobre personajes de la vida pública mexicana y el gobierno de nuestro país parece conocer menos que la autoridad extranjera o, cuando menos, informa menos.
Con Rubén Rocha Moya la situación tiene otro peso. El 29 de abril, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación formal contra él y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Los fiscales sostienen que “Los Chapitos” ayudaron a Rocha a ganar la elección de 2021 mediante el secuestro y la intimidación de adversarios políticos y que, a cambio, él habría protegido después las operaciones de esa facción del Cártel de Sinaloa. Rocha ha rechazado las acusaciones y éstas deberán probarse ante un tribunal.
En respuesta, Sheinbaum exigió pruebas y respeto al debido proceso, y tiene razón en hacerlo, porque una acusación estadounidense tampoco puede convertirse automáticamente en sentencia mexicana, mucho menos cuando Rocha era entonces un gobernador en funciones. El problema aparece cuando esa exigencia jurídica va acompañada casi invariablemente de una defensa política anticipada, como ha ocurrido en las respuestas de la presidenta.
Ante Rocha se cuestionan las motivaciones de Washington. Frente a Andy se habla de interferencia en la política mexicana; en otros casos se invoca la soberanía. Cada argumento puede tener fundamento por separado, pero reunidos y repetidos ante distintos personajes producen otra impresión, pues la defensa del debido proceso comienza a confundirse con la defensa de un grupo.
Ese es uno de los riesgos que Merton describía. La decisión atiende una necesidad inmediata y genera un efecto distinto. El gobierno consigue cohesionar a Morena y evitar que una acusación extranjera determine la culpabilidad de uno de sus integrantes, pero, al mismo tiempo, alimenta la sospecha de que existe una disposición a protegerlos antes de esclarecer los hechos. La paradoja crece cuando la información procede de Estados Unidos.
El gobierno mexicano rechaza la intromisión de Washington mientras las decisiones tomadas allá adquieren cada vez mayor importancia aquí. Si las autoridades mexicanas investigan poco, informan poco o reaccionan a la defensiva ante cada revelación, la sociedad termina pendiente de fiscales, agencias, tribunales y funcionarios estadounidenses para conocer asuntos relacionados con sus propios gobernantes. La defensa de la soberanía corre entonces el riesgo de producir el efecto contrario del que pretende preservar y aumentar nuestra dependencia de Estados Unidos para saber qué ocurre en México.
Cuando el problema pasa a ser quien lo cuenta
Cuando aparecen esas informaciones incómodas, el gobierno debe responderlas. Después surge otra discusión alrededor de quién las publicó, cómo circularon y quiénes las amplificaron.
Esta semana ocurrió un episodio que ilustra el problema. Durante el espacio oficial denominado Derecho de Réplica, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó un esquema del llamado “ecosistema de amplificación digital”. En las pantallas aparecieron nombres de periodistas, medios, organizaciones, políticos y cuentas de redes sociales identificados como participantes en la propagación de determinadas narrativas críticas contra la Cuarta Transformación. Alcalde negó después que aquello constituyera una “lista negra”, aunque los nombres estaban visibles en la presentación oficial.
Figuraron periodistas y medios conocidos, entre ellos Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Héctor de Mauleón, el periódico El Universal, Latinus, Aristegui Noticias y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Sheinbaum rechazó después que se tratara de una “lista negra”. Explicó que el propósito era mostrar la forma en que determinados mensajes se reproducen en redes y medios y aseguró que en México existe libertad de expresión.
Aun aceptando esa explicación en sus términos, queda por observar el efecto que produce que el aparato gubernamental coloque en una pantalla, durante una conferencia presidencial, los nombres de periodistas y medios que publican informaciones adversas al gobierno.
La intención puede consistir en exhibir un mecanismo de propagación de noticias falsas, pero el resultado puede ser que periodistas y medios perciban que el gobierno los identifica, clasifica y exhibe ante su audiencia como piezas de una operación política. Ahí aparece otra consecuencia imprevista.
Hay que recordar que la discusión viene de tiempo atrás. La reforma en materia de telecomunicaciones de 2025 contenía una disposición que permitía el “bloqueo temporal” de plataformas digitales bajo ciertos supuestos. Las críticas fueron suficientemente fuertes para que Sheinbaum ordenara revisarla y la disposición terminó eliminada del proyecto.
La discusión no concluyó ahí. En julio de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública sobre nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. El principio puede parecer irreprochable porque los ciudadanos tienen derechos frente a concesionarios y medios; las dudas comienzan cuando una autoridad adquiere facultades cuya interpretación puede alcanzar contenidos editoriales.
México tampoco parte de una situación tranquila. ARTICLE 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas tan sólo entre enero y julio de 2025, una cifra que ya entonces superaba la registrada en cualquier año anterior desde que la organización realiza ese monitoreo. Sería incorrecto atribuirlos todos a la Presidencia, pues muchos corresponden a autoridades locales, pero forman parte del ambiente en que ocurre esta discusión. Hablamos de Puebla, Veracruz, Campeche y Oaxaca, por citar algunas entidades.
El gobierno dice querer combatir informaciones que considera “falsas” y para ello crea mecanismos de respuesta. Esos mecanismos generan acusaciones de censura y, al tratar de demostrar cómo se propagan determinadas versiones, el propio gobierno termina exhibiendo a periodistas y medios, lo que provoca nuevas acusaciones de intimidación.
Ya han desfilado el ratón, el gato, el perro y el león. El elefante aparecería si algún día, con el propósito de combatir una mentira, se construyera un mecanismo capaz de dificultar también la publicación de una verdad incómoda. No estamos obligados a esperar a que eso suceda para advertir el riesgo.
Claudia Sheinbaum enfrenta una situación complicada. Tiene enfrente a un gobierno estadounidense dispuesto a utilizar visas, acusaciones penales, extradiciones y presión política con una intensidad que México no puede ignorar. Al mismo tiempo, carga con personajes y conflictos heredados del sexenio anterior y con una estructura partidista donde cualquier investigación contra figuras de Morena puede convertirse en una crisis interna.
Su respuesta ha consistido —con demasiada frecuencia, debo decir—, en defender primero y averiguar después. Ahí puede estar su mayor equivocación.
Ella debiera estar consciente de que investigar a un compañero de partido no implica declararlo culpable; pedir explicaciones a un funcionario no constituye una concesión a Washington y publicar información sobre las razones de una visa cancelada —cuando el gobierno mexicano las conoce—, tampoco disminuye la soberanía. Al contrario, reduce el espacio que Estados Unidos ocupa actualmente en la conversación pública mexicana. Con los periodistas debería aplicar el mismo criterio.
Que alguien le haga entender a la señora presidenta que una noticia “falsa” se rebate con datos y a una acusación se responde con documentos. Una investigación periodística equivocada puede desmentirse, pero una investigación correcta deberá afrontarse, lo que obliga a responder con hechos, dar explicaciones convincentes y asumir las consecuencias que de ella se deriven, aunque resulte incómodo.
El poder dispone de una capacidad de difusión muy superior a la de cualquier periodista. Utilizarla para exponer al mensajero puede resolver durante unas horas o días el problema de una nota adversa, pero abre otro mucho más delicado, el temor de que el Estado use toda su fuerza contra quien se atreva a contradecirlo.
Esta reflexión me llevó a pensar nuevamente en aquel episodio de Porky, que quería dormir, pero al que le habían introducido un ratón en su cuarto de hotel para fastidiarle la vida y obligarlo a pagar un costo extra. También me hizo admitir que, cuando el Pato Lucas se acercó con toda su maña para ofrecerle sus servicios, cada una de las fórmulas que propuso funcionó. El gato sacó al ratón; el perro sacó al gato; el león sacó al perro y el elefante sacó al león.
El inconveniente siempre estuvo en lo que iba quedando dentro del cuarto. Al cabo de todo aquel proceso, lógico y rápido en apariencia, se llegaría al absurdo de que, para expulsar al elefante, hacía falta otra vez un ratón.
El costo de resolver la emergencia
Algo semejante puede ocurrirle al gobierno de Claudia Sheinbaum. Las defensas políticas, el argumento de la soberanía, la confrontación con Washington y la disputa cotidiana con medios y periodistas pueden ofrecer resultados inmediatos ante la emergencia, pero también acarrear consecuencias graves y quizá irreversibles.
Merton advirtió que buena parte de estos errores nace de una circunstancia común, pues quien toma una decisión nunca conoce todas las variables que terminarán interviniendo. Puede calcular el efecto inmediato, pero difícilmente anticipará todas las reacciones posteriores, mucho menos cuando participan gobiernos, partidos, medios, empresarios, grupos de poder, ciudadanos y, en este caso, Estados Unidos con sus propios intereses.
Hay, además, una realidad mucho más sencilla, pues una fórmula que funcionó ayer puede dejar de funcionar mañana. Defender hoy a Rubén Rocha Moya, a Andy López Beltrán, a Marina del Pilar Ávila, a Alfonso Durazo, a Américo Villarreal o a cualquier otro personaje de Morena, desacreditar una acusación o convertirla automáticamente en un asunto de “soberanía” puede resultar eficaz una o dos veces, pero la repetición termina desgastando el recurso.
Cuando el procedimiento se aplica a situaciones parecidas —aunque cada caso sea distinto—, se corre el riesgo de convertirlo en una respuesta automática que ya a nadie impresiona y provocar aquello que se pretendía evitar, es decir, mayor sospecha, más atención pública y nuevas preguntas.
Merton encontraba ahí otro peligro —quizá el más reconocible en la política cotidiana—, como es atender con urgencia el problema que está enfrente y perder de vista al más grave, el que puede aparecer después. Resolver la crisis de esta semana puede resultar políticamente rentable, pero gobernar exige preguntarse también qué costo tendrá aplicar esa misma solución dentro de seis meses, un año o dos.
Merton escribió sobre esas consecuencias hace 90 años y Porky las padeció en 1955, pero la lógica conserva su fuerza. A 46 días de comenzar su tercer año de gobierno, Claudia Sheinbaum debería revisar qué animales ha ido metiendo ya en la habitación donde vivimos todos y preguntarse cuánto costará sacar al siguiente, antes de descubrir, como Porky, que para librarse del elefante hace falta volver a meter el ratón.
Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y responsabilidad absoluta de los autores
Fotos: Alberto VCarbot