NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La politización de todas las cosas eleva al poder político al rango de explicación absoluta de todas las cosas. A un crimen o un atentado contra un periodista no se le investiga y juzga por el peligro social que implica para la seguridad de todos, sino por la real o supuesta filiación política de sus autores. La forma más destructiva de la obsesión de esta forma de politizar todo cuanto ocurre es la narrativa conspiranoica en la que nada tiene sentido si no es para afectar o desestabilizar al poder.
El ataque que sufrió Ciro Gómez Leyva ha desembocado en ese debate, lo mismo que muchas otras situaciones criminales o denuncias de corrupción oficial. La investigación sobre un hecho criminal se politiza para que se pierda en la impunidad de una niebla de acuerdos secretos de algún extraño enemigo y, finalmente, deje de existir pese a la dificultad de desaparecer realidades demoledoras: 37 periodistas ejecutados en el contexto del récord de 130 mil asesinatos en lo que va del sexenio.
La inseguridad y las amenazas a la libertad de expresión se omiten detrás de la pregunta del poder sobre los beneficiarios del atentado, aunque su obligación sea proteger a todos sin distingo de filiación política o ideológica. No lo hace, lanza hipótesis sobre lo ocurrido lejos de su responsabilidad, que secundan sus seguidores en redes con la conjetura de un autoatentado, tan irresponsable como los que salen a golpear al presidente para culpabilizarlo por sus críticas a la prensa; incluso, empresarios que señalan la autoría del narco sin base sólida, exponiendo aún más al periodista.
Al atentado no se le juzga como el delito de alto impacto que es, sino como el poder que presume o imagina lo que hay detrás de un hecho objetivo y verificado sin probarlo nunca. En una forma particularmente insidiosa, López Obrador reaccionó al ataque con la advertencia de que podría ser una operación contra su gobierno para desestabilizarlo. Como si la víctima del atentado fuera él y no el periodista, adelantó que presentaría denuncias si llegara a tener pruebas de sus sospechas que, por lo pronto, sólo sostiene en la acusación de tratarse de un vocero más del conservadurismo.
La politización tiene efectos devastadores para la confianza pública, porque hace refractario y omiso al gobierno de problemas reales como la protección de periodistas, la seguridad de las mujeres o reclamos sociales por la salud o la educación. La definición de “politizar” es relativamente reciente en el diccionario de la lengua española y alude a una inmoderación de la política sobre muchas áreas de la realidad o a la atención de aspectos superficiales de ésta. En la acepción de la RAE, es “dar orientación y contenido político a acciones, pensamientos o personas que, corrientemente, no lo tienen”.
Esta definición aplica al tratamiento que el gobierno de la 4T ha dado, por ejemplo, al descalificar protestas de mujeres o para estigmatizar periodistas en el juego de la polarización. El terreno más peligroso de esta “orientación” es invadir el de la seguridad y la justicia, porque pervierte la investigación y persecución de los delitos cuando añade “contenido político” negativo hacia las víctimas. Son revictimizadas por los responsables de proteger sus derechos, dejando un sentimiento de orfandad total.
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Desde posiciones oficiales se justifica la politización como una especie de pedagogía para que los ciudadanos sepan ejercer sus derechos. Se trata de un objetivo positivo, pero es distinto a juzgar un atentado según la empatía o la percepción del poder hacia los afectados como amigos o enemigos del gobierno. Incluso, defienden que el Presidente cumple esa tarea didáctica desde sus conferencias mañaneras, por ejemplo, cuando descalifica periodistas o devela informaciones sesgadas o mentirosas. Politizar no es lo mismo que polarizar, rebaten.
El razonamiento no es sólo tramposo, sino peligroso. Los ataques y hostigamiento contra la prensa desde el poder no sólo suponen una forma de censura indirecta, sino convertirla en cobaya sin la protección de la autoridad. Eso no significa que el poder político deba abandonar el debate público o dejar de responder a la crítica, que muchas veces es parcial, alevosa y tan polarizante como el discurso oficial. De lo que se trata es de evitar que la política desplace a la realidad y la politización se disuelva en politiquería.