Número cero/EXCELSIOR
La relación del presidente con Ayotzinapa puede encuadrarse en las acepciones del verbo “enredarse”, como liar o envolverse en algo u oscurecer una situación o hacerla difícil de comprender. El resultado de cualquiera de estos significados indica que no sólo dejará el caso sin resolver, también en el punto de máxima tensión política con las familias de las víctimas en plena campaña sucesoria.
Su esclarecimiento y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014 es una de sus dos promesas de campaña incumplidas, la otra, el regreso de los militares a los cuarteles. Y no porque el problema fuera responsabilidad de su gobierno, sino por hacer suyo el compromiso de verdad y justicia para no quedar impune. El reciente derribo de una Puerta de Palacio Nacional y el asesinato de un joven normalista por la policía en Guerrero marcan un punto de inflexión. Simboliza la falta de escucha a sus protestas y, en los hechos, un portazo al diálogo para finalizar el sexenio.
El desenlace ha querido verse como venganza del destino con un gobierno atrapado en el caso después de descalificar al anterior por su fracaso y el abandono de sus antiguos aliados de Ayotzinapa para derrumbar la “verdad histórica” de Peña Nieto. Pero equiparar su responsabilidad es un falso discurso político de quienes pretenden que terminen con la misma condena. No es la misma situación ni el mismo tema. Su gobierno logró avances al reconocerlo como un crimen de Estado y tratar de desentrañar las complicidades de autoridades en los hechos, lo que deja ver con mayor claridad las colusiones con el crimen en una escena terrorífica para la justicia del país.
La Comisión de la Verdad identificó a más de 400 personas con actividad respecto a los hechos y el seguimiento de los normalistas por instituciones civiles y militares antes de ocurrir la tragedia. Y, sin embargo, después sobrevino el silencio cómplice sobre la investigación y el persistente reclamo de dar con los responsables, que las víctimas vuelven a elevar al ámbito político. Incluso con la amenaza de protestar en actos proselitistas de Sheinbaum ante la ausencia de respuestas.
El tema es porque abandonar sus promesas y manifestarse en un momento distinto al del gobierno anterior, con un Presidente de salida, la atención pública en las campañas y sin visos de afectar su popularidad o la elección. La resistencia de las familias de las víctimas pretende impedir que se borre ese pendiente y aprovechar el reflector electoral para que el conflicto llegue vivo a su sucesor o correr el riesgo de perderse en el olvido.
La provocación —como descalifica López Obrador la protesta— nos pone frente al espejo para cuestionar los compromisos incumplidos de su gobierno y sus consecuencias a futuro. La cruzada de Ayotzinapa es inseparable del debilitamiento del poder civil y el fortalecimiento del rol del Ejército, hasta el punto de litigar contra el avance de la investigación y su negativa a entregar información para esclarecerlo. Ésta es la razón por la que un político sagaz como el Presidente ha acabado enredándose en el caso y rompiendo el diálogo no sólo con ellos, sino, con el movimiento de desaparecidos.
Cuando López Obrador hizo esas promesas en campaña, como ha admitido, no sabía el grado de fragmentación y corrupción política que había llegado a alcanzar el crimen desde la guerra antidrogas de Calderón y el gobierno de Peña Nieto. El Ejército no podría haber pasado por alto advertir de la situación y cambiar sus viejas promesas en un giro inédito del rol de los militares en su gobierno más allá de la seguridad pública.
Cuando cambió de opinión tampoco podía estar seguro de que sus reformas para la creación de una Guardia Nacional militarizada las respaldaría la clase política y que el pueblo transitaría el mayor acercamiento con ellos sin mayores aspavientos, ni tener que pagar costos a su popularidad o electorales. Pero quizá tampoco que se convertiría en el muro donde se estrellaría su promesa con las víctimas.
El Presidente sigue prometiendo diálogo y llegar “hasta el fondo”, pero ya casi nadie apostaría por ello una vez que la investigación se estampó con el silencio de los militares. Por eso Ayotzinapa, de por sí una tragedia, se ha transformado en signo ominoso de las causas profundas del crimen en el tejemaneje de las instituciones.