Número cero/ EXCELSIOR
La crisis humanitaria por la migración sin precedente en la frontera, extrañamente, no está en la agenda de temas de debate del país, hasta ocurrir crímenes como el más reciente de 40 migrantes en Juárez. Su lugar parece la “nota roja”, aunque estemos en la antesala de una de las coyunturas más difíciles por el choque de la ola de movilidad de personas en el continente y la declaración formal del fin de la emergencia sanitaria en la frontera. En la línea divisoria México-EU sube la tensión por lo que sobrevenga tras el título 42 de la Ley de Salud EU, que Biden mantuvo de su antecesor para deportaciones exprés durante la pandemia, pero el riesgo se aborda de formas opuestas en cada país. EU teme un tsunami de cruces ilegales y se prepara para eventuales deportaciones masivas con el reforzamiento militar. Las consecuencias legales de ello serán más duras y profundas, pero, sobre todo, contrarias a las leyes mexicanas de migración y asilo si México las acepta, aunque de eso el gobierno prefiera no hablar.
Aquí, la gestión de la crisis se mueve en el silencio, aun cuando las formas de expulsión de la pandemia podrían reemplazarse por otras más brutales con el blindaje de la frontera de otros 1,500 militares, aunque ellos no las hagan directamente, sino el CBP. En vez de debatirse riesgos y peligros de la política migratoria, se evade el tema y se minimizan tragedias como la de Juárez. Como si fuera parte de una estrategia para invisibilizar acuerdos y continuar recibiendo deportados de terceros países, como en la pandemia, a partir del 11 de mayo.
La intención de acallar el problema no es casualidad, sino la voluntad de reducir la contingencia política de decisiones costosas para el país y sus leyes de migración, como con el programa Quédate en México, que el canciller Ebrard acordó en secreto, según el exsecretario de Estado Mike Pompeo, para recibir solicitantes de asilo de EU. El silencio como mensaje refuerza la idea de que México rechaza en público esas políticas migratorias, pero las acepta en privado. En esa política se puede inscribir también el hecho de que, a más de un mes del crimen en Juárez, no haya ninguna dimisión por la responsabilidad del crimen ni con la vinculación a proceso del director del INM, Francisco Garduño.
El único atisbo de cambio de la política migratoria pareció emerger del rescate del padre Solalinde y su declaración tras su reunión con López Obrador sobre la desaparición del INM y su sustitución por un nuevo organismo fuera de la órbita militar y sin Garduño. Pero su irrupción después de estar apartado como consejero presidencial en el tema se diluyó como un globo sonda que midiera la reacción a la propuesta. Tras ella, el sigilo del Presidente y el apoyo a Garduño al frente del INM hasta concluir la investigación, como si Juárez no significara nada para la necesidad de un giro en la política migratoria, más allá de apelar al “humanismo” frente a la crisis.
Ante la inminencia de la nueva coyuntura en la frontera, López Obrador recibió a la enviada especial de Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, para hablar de planes humanitarios conjuntos para la migración que sirvan de válvula de escape para bajar la presión, como los centros de procesamiento regionales que EU anunció para contener los flujos y ayudar contra la trata de migrantes.
Su operación “desde afuera” es una de las pocas medidas para tratar de ordenar los flujos sin precedente en la frontera, junto con el compromiso de visas temporales de trabajo y permisos de reunificación familiar a algunas nacionalidades. Esto puede aliviar un poco la carga para México, pero no releva del derecho a saber y debatir públicamente si existen acuerdos para recibir migrantes deportados de terceros países y de cuáles nacionalidades, ¿esto se negocia?
Algo fácil de pensarse si se observa el secretismo de acuerdos desde Trump para convertirnos en tercer país seguro en la práctica, dentro de negociaciones que se inscriben en la agenda de seguridad nacional y se traducen en mutismo en desacuerdos hacia la política interna de México. La migración se aloja en una especie de caja negra de la política bilateral, aunque los acuerdos políticos que de ahí salen contravengan lo jurídicamente posible en el país. Por eso, mejor guardar silencio.