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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El paquete de reformas presidenciales coloca la elección de 2024 en las coordenadas diseñadas por López Obrador, sin cabida a impugnación legal de intervenir en la campaña. El próximo 2 de junio se plantea como referéndum sobre la continuidad del proyecto de la 4T frente a la defensa del pasado, bajo el trazo de un guion para la permanencia transexenal de su proyecto.

La presentación de reformas constitucionales es prerrogativa del Presidente y nada impide que las defienda —como acepta— hasta la “oportunidad” de las urnas, aunque sea un subterfugio para controlar la agenda de debate electoral. La estrategia comprueba la desactualización de las restricciones con que se amarraron a los ejecutivos en las campañas desde la época del presidencialismo priista. El marco legal que, entre otras cosas, la oposición defiende con sus denuncias sobre destrucción institucional, sin realmente poder apuntalarse en normas erosionadas que sirvieron para otros tiempos.

Las reformas tienen poca novedad. Son reafirmación de sus políticas y los puntos clave de la estructura dramática de la “transformación” de principio a fin del sexenio, pero sin resolución por la confrontación eterna con la oposición y las invalidaciones de la Corte, como los casos de la militarización o reforma eléctrica. Los “focos” de disputa y los ejes argumentativos en que la oposición ha querido parapetarse como defensora de la democracia, por ejemplo, contra la reforma del Poder Judicial y el voto popular para nombrar magistrados, la desaparición del IFT o del Inai. Si esa narrativa no ha podido convencer a las mayorías, menos ahora oponerse a una reforma de pensiones, apoyos a jóvenes desempleados o del salario mínimo, como también incluye el paquete.

Ninguna de sus repulsas ha logrado frenar el llamado presidencial a las urnas para definir el futuro del país entre dos proyectos: la ruta de la “transformación” que encabeza más allá de su sexenio frente a la regresión a un país que, quiérase o no, es distinto tras la sacudida del “obradorismo” los últimos seis años. La postura opositora de “atrincherarse” contra las reformas e ir por unas contrarias convalida la confrontación, pero sin posibilidad de negar su entrada al Congreso y, por tanto, de poder contrarrestar la discusión de las políticas que marcan su mandato y que ahora también dominarán la campaña de su sucesora.

Las 20 reformas, a menos de ocho meses de dejar el cargo, representan no sólo una ruta legal para testar sus políticas a favor de Sheinbaum, sino también el proyecto con el que espera lograr el plan C en las urnas para aprobarlas en el Congreso, aunque eso sería en la transición del gobierno, ya habría presidenta electa y competerán también a su relevo los compromisos políticos y recursos públicos que implicarán. Tan sólo de pensiones y otros programas sociales pueden suponer un costo que supere las previsiones de la siguiente administración hasta en cuatro puntos del PIB.

No obstante, Sheinbaum ha acogido las reformas en su “proyecto de nación” y las integra en su plataforma electoral. Ha tenido expresiones matizadas hacia algunas de ellas como el nombramiento de magistrados por voto popular y la eléctrica, que le serán difícil de acomodar a su apuesta por el desarrollo e inversión de energías renovables. Pero también significará una fuerte presión la idea de reducir el porcentaje de la revocación de mandato porque fortalece el poder de sanción ciudadano y del voto militante de deponerla, si no cumple sus expectativas del mando.

Con ello da una prueba más de lealtad a quien le entregó el bastón de mando, aunque se restringa, voluntariamente o no, el margen de maniobra de su gobierno. Pero el mensaje es claro, el Presidente dejará el cargo como manda la ley para irse, como ha dicho, a su rancho, pero sus políticas se prolongarán en un movimiento transexenal que su sucesora secunda con la adopción de las líneas trazadas por él.

Bajo estas coordenadas, la oposición y Morena seguirán cada uno su guion de principio a fin. El bloque tratará de asentar en la calle su discurso de la erosión de la democracia, por ejemplo, con la marcha del 14 de febrero. Mientras Sheinbaum ahora sí ha decidido pisar los terrenos casi propios de López Obrador con el arranque de campaña en el Zócalo. ¿Cuál es su significado? La respuesta es clave para el futuro del proyecto “obradorista” y del “segundo piso” de la transformación de Sheinbaum.