NÚMERO UNO/ EXCELSIOR
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un crisol de la corrupción como problema estructural y endémico de las instituciones. La elección de su nuevo presidente puede ser una oportunidad para rescatar la legitimidad del mayor centinela del gasto público, pero qué pensar si las principales denuncias entre los candidatos giran alrededor del órgano encargado de vigilarlas. Es la clásica cuestión: ¿quién vigila al vigilante? La ASF llega al relevo de su titular en los próximos días con la fiscalización debilitada y baja capacidad para traer a juicios sobre irregularidades y desvíos de recursos de los gobiernos. Podría repetirse que la corrupción sistemática todo lo corrompe con redes que trascienden gobiernos, pero el lugar común apenas sirve para zanjar discusiones a la vista de las anomalías institucionales.
La otra cara del conformismo es el debate sobre corrupción que encendió el proceso y mover a la inconformidad ahí donde parecía dormir el sueño de los justos. La elevada concurrencia de casi un centenar de aspirantes parece un síntoma de la necesidad de renovación de la controvertida gestión de David Colmenares y su intención de reelegirse hasta 2035; a pesar del caudal de casos de presuntos malos manejos por montos millonarios detectados en el gasto público que languidecen sin denuncias ante la FGR. La dinámica de la corrupción entre esfuerzos por ponerle freno y resistencias a una efectiva rendición de cuentas deriva en redes de impunidad hasta en casa del vigilante. El desplome de las denuncias en el gobierno de López Obrador y escasa detección de irregularidades en sus grandes obras es indicativo de la situación. De 30 denuncias de por sí exiguas en 2022, la ASF sólo presentó tres en 2025, tratándose del arma más poderosa que permitió en otros países desmontar tramas de macrocorrupción, como Lava Jato, en Brasil; algo que aquí nunca ha sucedido, a pesar de que cada año está peor en los índices internacionales.
El Congreso tendrá que decidir por mayoría calificada en los próximos días si la tácita desaparición de la corrupción en los resultados de la ASF puede avalar la reelección de Colmenares. Durante su gestión, el país ha caído al piso más bajo de las mediciones de corrupción, mientras su combate va dando tumbos de la negación del problema a la falta de políticas claras del actual gobierno; que ahora promete nuevas reformas anticorrupción basadas en la denuncia pública después de que concluya la elección en el SAT, antes del 15 de marzo. Sin duda, la ASF es una columna vertebral de toda política anticorrupción siempre que no se corrompa con condicionamientos políticos o de intereses de grupo; además de impedir la opacidad para que su labor sea real y genuina, no simulación. Precisamente sobre esto han girado las mayores críticas entre los aspirantes sobre el estado de la ASF: auditorías por consigna o congelamiento de denuncias, inducción política contra gobiernos opositores y arma arrojadiza entre grupos enfrentados del oficialismo; cuando no simplemente inacción para conservar el puesto como parte de condicionamientos a la independencia que exige su trabajo.
Pero de poco serviría que el proceso fuera una catarsis o reivindicación de funcionarios afectados por el auditor al que ahora buscan reemplazar. La gestión del actual ha sido cuestionada por varios de ellos antes y durante el proceso con acusaciones como auditorías a modo, maquillaje de resultados y, sobre todo, falta de autonomía y concentración de facultades internas en hombres de confianza; incluso valieron el cese de algunos de ellos, como el auditor especial, Agustín Caso, tras la molestia de López Obrador por la revisión del costo de la cancelación del NAIM con números más altos que los suyos. Entre los aspirantes de mayor perfil y especialización técnica también hay otros casos de renuncias altamente politizadas como aquélla. Destacan el de la exdirectora de auditoría forense, Muna Buchahin, que detectó uno de los mayores casos de corrupción de la Estafa Maestra en el gobierno de Peña Nieto. Y Gerardo Lozano, presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción y exauditor hasta 2021, quien salió de la ASF tras denunciar una reforma reglamentaria que concentró en una sola área la presentación de denuncias entre afines a Colmenares.
En un páramo de acciones efectivas contra la opacidad y la rendición de cuentas de los recursos públicos, el debate sobre la fiscalización de la ASF es el primer paso para recuperar la confianza de revertirlos. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
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