Así lo buscará la diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, para ello propone reformar el artículo cuarto constitucional, para dotar de “criterios marco” a las decisiones de las instituciones públicas en materia de garantía y acceso de las personas con alguna discapacidad, al conjunto de derechos reconocidos.
La priista duranguense explicó que, de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza, a cargo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 59.3 por ciento de las personas con alguna discapacidad son vulnerables, sea por carencia de acceso a servicios de salud o bien por falta de acceso a la seguridad social.
De la Torre Valdez aseguró que el grupo de personas con discapacidad, es en el que la pobreza, lejos de reducirse, se incrementó en un punto porcentual, anualizado, entre los años 2010 y 2014.
Agregó que las personas con alguna discapacidad siguen constituyendo el sector de la población con mayor nivel de rezago educativo, porque no se ha conseguido el acceso universal a la educación regular de las niñas y niños con alguna discapacidad y porque los jóvenes con alguna discapacidad truncan sus trayectorias escolares por carecer de los recursos necesarios para continuar sus estudios y acceder a empleos dignos.
“La discriminación, la exclusión y el rechazo fáctico de las personas con discapacidad en el empleo, en los espacios de decisión y representación política, en los cargos directivos y de responsabilidad en la iniciativa privada, así como en los espacios públicos, siguen siendo una constante que exige fortalecer el marco jurídico de protección y garantía de derechos, con el propósito de definir de manera clara los alcances y las responsabilidades de las autoridades en la materia”.
Por ello, dijo, esta iniciativa busca incorporar al texto constitucional un párrafo adicional en el que se incluya el principio de la inclusión de las personas con discapacidad para contar con un marco de referencia claro y preciso que, además, permita armonizar el texto de la Carta Magna con el de la Convención marco de las Naciones Unidas en esta materia.
“Las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito educativo y en el rubro de la retroactividad en el pago de las pensiones alimentarias, y en materia de amparo en el caso de la protección de las niñas y los niños frente al acoso escolar, entre otras, son una muestra clarísima sobre la relevancia de dotar al texto constitucional de criterios de interpretación clara para todas aquellas personas involucradas en la denominada operación de la ley”, apuntó.