La batalla de declaraciones para aprobar o no la reforma constitucional del sector eléctrico, ha empezado y esto podrá durar algunos meses, puesto que mientras a Andrés Manuel López Obrador le permite utilizar una buena parte de sus conferencias matutinas para denostar a sus opositores a esta reforma, el bloque opositor la utiliza para intentar dar a conocer algunos aspectos negativos.
Lo que es cierto que, de existir un cambio en el sector eléctrico del país, y aprobar esta reforma constitucional, México tendrá que enfrentar un gran gasto para establecer la infraestructura suficiente para establecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como una empresa altamente productiva para cubrir desde el 54 por ciento de energía que necesita el país hasta llegar a cubrir la totalidad.
Esto se traduce necesariamente en buscar los recursos suficientes que permitan alcanzar estos objetivos y estos recursos tendrán que salir de los impuestos que el Estado alcance a cobrar y recuperar de las empresas y todos los mexicanos.
Además, deberá garantizar que estos recursos sean utilizados única y exclusivamente para construir plantas de generación eléctrica y no se desvíen hacia campañas electorales o a paraísos fiscales o simplemente se conviertan en activos de una “caja chica” del gobierno federal.
Además, tendrá que invertir en la creación de plantas generadoras de energía eléctrica con insumos no contaminantes, como es el aire y el calor solar, que permita reducir en grandes cantidades el consumió de carbón y otros insumos altamente contaminantes que actualmente utiliza para generar la energía.
Para todo esto, insistimos, se necesitan una gran cantidad de recursos para aplicarlos y estos solo se generarán si existe un crecimiento económico del país captar inversiones privadas que se establezcan en otros sectores productivos, pero que puedan recibir el insumo más importante que es la energía eléctrica a precios bajos.
Lo que implica tener una infraestructura lo suficientemente importante para generar esta energía o establecer contratos de compra de energía que generara el sector privado a precios competitivos, que los motive a seguir invirtiendo, el problema es que ante la reforma presentada se plantea que solo se comprará hasta el 46 por ciento de energía, lo que no es una postura de conveniencia para el sector privado quien a argumentado que el valor de la compra de la energía debe corresponder también al costo que se invierte para crearla.
López Obrador sabe que cuando la Comisión Federal de Electricidad despache energía más cara, tendrá que cubrirse la diferencia, para no subir los precios, con recursos públicos que pueden comprometer la salud de las finanzas públicas.
Entonces de no abrirse al sector privado más allá del 50 por ciento para generar no solo ganancias a los particulares, sino una energía eléctrica con garantía de no fallar sin variaciones en los voltios que se requiere, se podrá aumentar la capacidad productiva de las empresas establecidas en el país.
No hay manera de que López Obrador no tenga claridad de los efectos negativos que va a provocar al país con esta reforma sin antes hacer los ajustes necesarios para captar más inversión privada, nacional o extranjera, que permita captar a su vez mas en pago de impuestos e iniciar la ampliación del padrón de contribuyentes.
También es claro que cuando los opositores a su reforma ya están al nivel de “traidores a la patria”, no hay posibilidades de elevar el nivel del debate hacia el terreno de los hechos y verdades sin descalificaciones y a favor de bien común.