La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, concluyó que de los 42 civiles muertos en el operativo policiaco realizado en mayo de 2015 en el rancho El Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, 22 de ellos fueron “ejecutados de manera arbitraria” por elementos de la Policía Federal, y otros cuatro por “uso excesivo de la fuerza”.
En la recomendación sobre el caso dado a conocer por el organismo nacional, se señala que en todos estos casos las ejecuciones se cometieron cuando las víctimas estaban de espalda respecto de los elementos policiacos, cinco de ellos desde un helicóptero artillados, al cual nunca se le disparó.
En los casos de otros 21 cuerpos, que también fueron muertos por disparo de arma de fuego, la CNDH informó que “no contó la información técnica correspondiente” y veraz para determinar con exactitud las condiciones en las que perdieron la vida”, debido, esencialmente, a declaraciones inconsistentes de los elementos policiacos. Otro de los muertos fue producto de un atropellamiento.
En conferencia de prensa, el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, dio los detalles de la recomendación, en los cuales se acreditó que el lugar de los hechos fueron “manipulados” por la Policía Federal, quien resguardó el sitio durante poco más de cuatro horas, entre la conclusión del operativo y enfrentamiento y la llegada del Ministerio Público Federal.
Además, la recomendación señala que una veintena de los civiles muertos no portaban zapatos, camiseta o incluso pantalones, lo cual evidencia que en el momento del operativo estaban dormidos.
La misma recomendación señala que junto con la manipulación de escenario de los hechos, la Policía Federal también torturó a civiles, les sembró armas y cartuchos, además de que los cuerpos fueron colocados en un lugar, entre otras irregularidades.
Hay que recordar que el 22 de mayo de 2015, en el rancho de El Sol, en Tanhuato, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, donde perdieron la vida 43 personas, 42 de ellos civiles y un elementos policíaco.
En la presentación, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez precisó que junto con las ejecuciones arbitrarias, también hubo una manipulación de evidencias y tratos indignos al menos a dos cuerpos, además de otras violaciones a los derechos humanos.
González Pérez pidió que se castigue a los culpables que incumplieron con el procedimiento. “Los derechos humanos no son un recurso para la impunidad o la ilegalidad”, indicó.
En respuesta, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, dijo que aceptan la recomendación, pero negó que hubiera ejecuciones arbitrarias.
En conferencia de prensa, informó que el objetivo es contribuir a que la investigación del caso se siga en forma imparcial, sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos que deben ser valorados en su conjunto para evitar apreciaciones aisladas.
En este marco, llamó al Congreso de la Unión a concretar una ley general sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno se vean amparadas por una legislación racional.
Recordó que la presencia de agentes de la Policía Federal el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol estuvo motivada en la denuncia de una ciudadana, quien reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad, por lo que fueron enviados esos elementos.
Renato Sales también señaló que en esos lamentables hechos fallecieron, también, 42 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se negaron a entregar sus armas.
Aclaró que una ejecución extrajudicial o arbitraria es aquella muerte perpetrada por el Estado, como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza y que no obedezca los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad estipuladas.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dijo que está asentado en actas que los policías federales se identificaron, exigieron a los agresores dejar las armas y entregarlas, pero la respuesta fue con disparos.
Esos tiros dieron muerte a un agente, hirieron a otro más e impactaron tres vehículos oficiales y al helicóptero que llegó en apoyo y que también fue amagado con un lanzamisiles.
Los elementos de prueba advierten que el uso de las armas fue necesario y proporcional a la agresión real y sin derecho, por lo que “a nuestra consideración se actuó en legítima defensa por el tipo de armamento que tenían los agresores”, dijo.
Por ello, en su parecer, la actuación de las fuerzas federales fue absolutamente racional ante un escenario hostil y con tiradores desde diversos puntos, por lo que “no creemos que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias”.
Renato Sales dijo que se cuenta con elementos adicionales, como el aseguramiento de 39 armas de fuego y tres mil 914 cartuchos útiles, así como todas las pruebas de rodizonato de sodio que dieron positivo en los cuerpos, al igual que los exámenes toxicológicos.
Destacó que desde el día de los hechos la Policía Federal ha actuado con total transparencia y puesto a disposición de las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) información personal, vehículos, armas y documental que le ha sido requerido.
El comisionado nacional reiteró que tanto la CNS como su órgano desconcentrado, la Policía Federal, refrendan su firme compromiso con la legalidad y con los derechos humanos.