ESTIRA Y AFLOJA
El viernes pasado Empresas ICA (Emica) entregó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su reporte anual y, lamentablemente, más que financiero es un acta de defunción. Su testamento huele a más muerte y da escalofrío.
Se lee lo siguiente: “Emica ha dejado de continuar como una entidad en funcionamiento, por lo que no participa en ningún mercado ni enfrenta competencia en sus actividades”. Dice lo mismo en “Descripción del Negocio”, “Actividad Principal” y “Canales de Distribución”, donde agrega que “no cuenta con operaciones”; por lo mismo, no tiene principales clientes.
Frente a su actual situación, existe la posibilidad de cancelar el registro de acciones ante la CNBV y ante la BMV. La empresa “se encuentra en al menos una de las causales de disolución” establecidas en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque hasta ahora no ha llevado esa decisión al Registro Público de Comercio de Ciudad de México; de hacerlo, “no podrían iniciar nuevas operaciones con posterioridad” y los liquidadores asignados serían los representantes legales de la compañía.
Desde principios de 2016 Empresas ICA comenzó su reestructura operativa con la reducción de 3 mil 596 empleados técnico administrativos en diciembre de 2015 a mil 556 al primer trimestre de 2017; baja de mil 503 millones de pesos en gastos corporativos y de operación, cierre total de los segmentos internacionales y de vivienda; cambios en la dirección general y pérdida de más de las dos terceras partes de su capital social; entró y salió del concurso mercantil y llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para una condonación parcial de impuestos y liquidó 497 millones de 4 mil 752 millones adeudados, sin incluir recargos.
Al 31 de diciembre pasado el importe de activos netos de Emica es deficitario por una cantidad de 3 mil 369 millones de pesos, y de las acciones en circulación, Bernardo Quintana y familia poseen 8.46 por ciento (51 millones 715 mil); el Fideicomiso de Administración 1.56 por ciento (9 millones 542 mil), y el público inversionista 89.97 por ciento (549 millones 771 mil). Hay más, entre otras cosas las demandas contra las decisiones, entre ellas de IBM e Invex.
Cuarto de junto
Fonatur, que encabeza Rogelio Jiménez Pons, se reunió en días pasado con representantes de empresas constructoras españolas para hablar de las condiciones de compra de las bases de licitación respecto a la Ingeniería Básica de los 1,545 kilómetros del Tren Maya. Estuvo Leopoldo Zambonbino, director de Mextypsa, empresa española a la que asignaron directamente la asesoría técnica y puso en alerta a las empresas mexicanas; también estuvieron IDOM, Acciona, Sener y Augdinmex.
jesus.rangel@milenio.com