Cecilia Hdez. y Adriana Noriega R.-
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 241 votos a favor, y 212 en contra en lo particular y en lo general y en lo particular la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los diputados del PRI y sus aliados del PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social impusieron mayoría al mantener las modificaciones a la llamada Ley 3 de 3, la cual queda sin cambios las restricciones impuestas por la cámara alta respecto a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Esta ley, fue motivo para que nuevamente se registraran el intercambio de acusaciones entre los grupos parlamentarios, el bloque priista contra los de izquierda, lo cual solo quedo en el constante grito de ¡traidores, traidores! los diputados de oposición recriminaron que se haya rechazado aceptar cualquier modificación a esta legislación, que, consideraron, le da la espalda a los ciudadanos.
Guadalupe Murguía legisladora del PAN argumentó que esta impresión la hace inoperante, ya que los particulares tienen que presentar diversas declaraciones y excluye a los políticos.
En tanto Araceli Damián del Grupo Parlamentario de Morena recordó a los empresarios ser juez y parte de la corrupción que prevalece en el país, al ser cómplices al apoyar a candidatos de elección popular para verse beneficiados en celebración de contratos y jugosos negocios.
La corrupción dejen de proteger a los funcionarios corruptos con la promesa de recibir negocios jugosos ahora es poder ser transparentes”
Los llamo “corifeos del poder, al callar actos de corrupción, por lo que consideró que “si se requiere que los privados muestren que sus recursos no son ilícitos pero está mal planteado el articulo 32, por lo que se propone la reforma a los incisos B y C ya que afecta a los pobres de los adultos mayores ya que tendrían que realizar su declaración patrimonial, declararía un techo deteriorados y cacharros viejos”.
Previamente el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 338 votos a favor y 110 en contra, la propuesta del Senado sobre Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, e inmediatamente inició la discusión de reservas a 55 artículos.
En esta reglamentación se establecen los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, así como las faltas administrativas graves y no graves, las sanciones aplicables y los procedimientos para su aplicación. También se establecen sanciones por la comisión de faltas de particulares.
Las autoridades facultadas para aplicar esta ley serán las secretarías, órganos internos de control, Auditoría Superior de la Federación (ASF), las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas y los tribunales.
Esta reforma figura, junto con modificaciones a otras dos leyes, en una minuta que envió el Senado, pero que, a propuesta de la Mesa Directiva, el Pleno aprobó que se discutieran por separado. Todas ellas forman parte del paquete de legislaciones segundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.