Estira y afloja
El Banco Mundial prepara un crédito a México por 150 millones de dólares que será ejecutado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para mejorar la calidad de la vivienda de familias de bajos ingresos, estimular la economía nacional con la autoconstrucción, reducir la pobreza y promover la inclusión social en municipios y ciudades.
De forma preliminar, Conavi ya identificó 68 municipios como elegibles para este tipo de poyo directo y asesoría técnica a familias pobres que se encuentran en estados como México, Sonora, Morelos, Baja California, Guerrero y Tlaxcala y los del sur-sureste. Se combatirá el hacinamiento, el piso de tierra, techos y paredes inadecuados que afecta a 8.5 millones de viviendas con autoconstrucción en su propia tierra, y se impulsará la instalación de sistemas sanitarios adecuados, baños internos y cocinas adecuadas.
Se otorgará asistencia especializada a Conavi para focalizar población vulnerable, modelos de entrega a municipios remotos, rurales y acosados por problemas de seguridad, y asistencia para incorporar construcción sostenible tradicional cuando sea posible. Para ser elegible, se requiere una edad mínima de 18 años, no haber recibido apoyo previo de la institución, y un ingreso mensual máximo de aproximadamente 527 dólares.
De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, en febrero del 2021 se aprobaría el crédito. El déficit habitacional de México se concentra entre la población pobre y vulnerable; la mayoría (58 por ciento) de los hogares requieren mejoras sustanciales, expansiones o un reemplazo completo, y en los hogares en los que al menos una persona habla una lengua indígena, el déficit habitacional asciende al 79.1 por ciento; en Chiapas, Guerrero y Oaxaca 3.5 millones de hogares tienen condiciones inadecuadas para vivir.
La institución destacó que apoyará al gobierno mexicano en la implementación de “un cambio importante en la política de vivienda hacia una mayor focalización de los hogares de bajos ingresos y altamente vulnerables, en especial en el sur-sureste del país”. Se trata de dar acceso a viviendas de bajo costo y de apoyar a las instituciones en la planificación urbana integral para el acceso equitativo a los servicios públicos.
CUARTO DE JUNTO
El morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de coordinación Política del Senado, afirmó que el acuerdo presidencial sobre infraestructura “fue meditado, cuidadoso y es oportuno”, que “no es autoritario ni opaco”, y que “es legal y constitucional”. El CEE destacó que “evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores.
J. Jesús Rangel M.
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