La iniciativa de la presidenta de México respecto a la nueva Ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar pareciera que traerá beneficios para el país; sin embargo, “trae veneno” es “engañosa” porque nos quieren vender una falsa idea; pero en realidad es “maquillaje y deuda escondida”, afirmó el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández.
“Esta iniciativa permite gastar sin tener dinero hoy; disfraza deuda como gasto corriente; oculta el gasto real (nómina y programas sociales); regresa fideicomisos opacos que ha se habían eliminado; abre la puerta a contratos sin competencia; promueve deuda oculta y rompe principios de disciplina fiscal, entre otros aspectos negativos”; explicó.
En un análisis, el vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN, abundó que, esta iniciativa centraliza decisiones y proyectos en la secretaría de Hacienda, sin la participación de estados y municipios; es decir, el Ejecutivo decide, unilateral y discrecionalmente, proyectos, contratos y asociaciones con privados.
“Tampoco existen mecanismos sólidos anti corrupción; evita la competencia, concurso y rendición de cuentas”, abundó.
Explicó que, si bien en la opinión de impacto presupuestario sobre esta iniciativa que se presentó al seno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Morena y sus aliados afirman que no existe impacto presupuestario; el Artículo 7º Transitorio contiene una cláusula de neutralidad presupuestaria suficiente que señala que cualquier erogación deberá cubrirse con cargo al presupuesto aprobado, sin autorizar recursos adicionales en el ejercicio fiscal ni en los subsecuentes.
“La conclusión de “no impacto presupuestario” descansa en una cláusula declarativa de neutralidad (Artículo 7º Transitorio), pero no en una estimación cuantitativa de costos de implementación, supervisión, coordinación, sistemas de información, seguimiento contractual o carga administrativa. La neutralidad se afirma, pero no se demuestra”, expresó.
Téllez Hernández expuso que datos que no se mencionan en la iniciativa presidencial, es que en la anterior administración se extinguieron 109 fideicomisos bajo el argumento de opacidad; sin embargo, la iniciativa promueve su creación; además de que el 80% de adquisiciones públicas se hacen por adjudicación directa.
“¡Aun así quieren menos controles! Esta película ya la hemos visto: megaproyectos con sobrecostos; contratos distorsionados; cuentas que nadie explica; corrupción y tráfico de influencias para favorecer a proveedores o contratistas cercanos. Esta iniciativa no es para el desarrollo; es para gastar más, endeudarse más y transparentar menos”, aseveró.
México, concluyó, sí necesita el desarrollo de infraestructura; pero con reglas claras, competencia; transparencia y rendición de cuentas, no con cheques en blanco, con total opacidad y discrecionalidad.