Ayer, 8 de julio, el INE tenía el plazo límite para presentar la calificación de la fiscalización de todos los participantes en los comicios del paso 6 de junio y con ello, evitar que ninguno de los candidatos haya incurrido en delitos de forma legal o fiscal al haber rebasado los topes financieros de las campañas
De no existir ningún señalamiento a los candidatos participantes, significa que no hubo más dinero de lo que es permitido y que las acusaciones que se hacen por este motivo serán desechadas.
La fiscalización que realiza el INE incluye las donaciones que recibieron los candidatos de personas o grupos de personas para llevar a cabo sus campañas políticas y si estas donaciones son de procedencia de algunos grupos de dudosa reputación, por lo que, si el INE no señala ninguno de estos motivos, deberemos decir que los comicios se llevaron acorde a las leyes establecidas.
Esto también debe descartar de facto el pensar o señalar que en estos comicios el crimen organizado haya sido un factor determinante para decidir quien tomará las riendas dentro de los municipios. Es decir, el presidente municipal o alcalde, que, para entenderlo mejor, es el personaje público que mayor acercamiento tiene con la ciudadanía, solo responderá a las necesidades de la población que le toca presidir y dejar de lado otras presiones que puedan surgir.
Entonces habrá que ver si las acusaciones de partidos de la oposición y del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, tienen algunos elementos que puedan dar luz sobre el papel que jugaron las supuestas presiones de los cárteles del crimen organizado en los resultados finales de los comicios en los municipios de México.
Otra forma de darnos cuenta de ello será que, a lo largo de las administraciones municipales, como se pagaran “las facturas” por los beneficios obtenidos al ganar los comicios los alcaldes que hayan recibido estos favores. De igual forma algunos candidatos ganadores a los gobiernos estatales y quizás hasta los legisladores locales y federales.
De tal forma que veremos en los próximos meses y años, si en verdad el llamado “narcoestado” se ha establecido en nuestro país, o solamente siguen siendo acusaciones sin sustentos.
Hasta el momento esta fórmula, “el narcoestado” sigue siendo una conversación de opinión general, pero jamás se ha logrado comprobar
A lo largo de varios años, se habla de que en Michoacán y Guerreo, entre algunos otros estados, los grupos del crimen organizado han establecido territorios que de alguna forma han llevado cierto desarrollo económico y social a sus habitantes, aunque bajo el yugo del miedo. Sin embargo, nunca se ha comprobado, o no se ha querido comprobar la veracidad de esos los dichos.
Es probable que mucha gente siga manifestando que el “narcoestado” en algunas de estas zonas de los estados de México es palpable, pero no existen de manera legal las investigaciones para llegar a esas conclusiones, por lo que la tarea del gobierno federal coordinado con las autoridades estatales y quizás municipales deberá aclarar estas “suposiciones”.
Por lo tanto, la tarea pendiente de este gobierno sigue siendo erradicar la corrupción, promesa que realizó desde su campaña y que al momento no ha logrado presentar a la población algún culpable.
En México no se pude hablar de un “narcoestado” de manera tan ligera, porque perjudica el desarrollo del país, pero tampoco se debe de desviar la atención en aras de conseguir un poder político.
Reitero, el acabar con la corrupción fue y sigue siendo una promesa de este gobierno y muchos mexicanos ya estamos esperando los primeros resultados, ya paso prácticamente el primer trienio de esta administración y la pregunta sigue siendo ¿hasta cuándo los resultados de esta promesa?