NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Un fuego político intenso se percibe desde los estados, la mayoría gobernados por Morena y otros en los que se definirá en 2022 algo más que seis gubernaturas. Varios se ven dominados por derivas autoritarias y espirales de violencia que indican el clima que puede envolver a las urnas y da pistas de la temperatura hacia la sucesión presidencial de 2024. La justicia hace agua entre ellos por abusos de poder y relaciones peligrosas con el crimen organizado, que los desafía. La situación es explosiva y amenaza con arrasar la estabilidad de regiones del país hacia el final del sexenio.
Los estados desde hace dos décadas se manejan como feudos de poder dentro de la Federación, a pesar del mando fuerte y la centralización hoy en la Presidencia de López Obrador. En apenas tres años, el territorio se ha pintado de guinda con el triunfo de Morena en 17 de ellos, pero el avance electoral no se traduce en mejores gobiernos y resultados en seguridad, justicia o contra la violencia respecto a los anteriores. Incluso, la conflictividad en Veracruz, Zacatecas, Morelos, Michoacán o Chiapas se ha agudizado al son de disputas de grupos políticos locales como escenario para posicionarse hacia 2024.
Entre viejas formas autoritarias, abusos de poder y la amenaza rampante del crimen, los estados enfrentan un alarmante retroceso en seguridad y derechos humanos. Un caso paradigmático es Veracruz con la recuperación de tipos penales como el “ultraje a la autoridad”, con el que jueces de consigna aplacan a adversarios políticos como ocurre también en otras entidades. Éste fue el cargo al que recurrió el gobierno de Cuitláhuac García para encarcelar a seis jóvenes en septiembre pasado sin pruebas en su contra, más que “ofender” a la autoridad. Es un delito que refleja una política de justicia sin mínimo estándar probatorio, tanto que la CNDH le ha pedido derogarlo, por violar derechos humanos. Y digo política porque la suposición de un delito sirve como sable justiciero contra otros políticos locales o como represalia por denuncias de abusos de autoridad de los propios liderazgos de Morena como Ricardo Monreal respecto a la detención de uno de sus hombres cercanos y secretario técnico en el Senado, José Manuel del Río Virgen, por el gobierno de Veracruz.
El estado de la justicia es ruinoso porque los ciudadanos no sienten que la ley los cobije y se hipoteca en disputas dentro y fuera de los grupos de poder local, lo que configura escenarios de desestabilización a medida que se recrudezcan hacia el final del sexenio. Varios gobiernos morenistas cruzan la mitad de su mandato, pero sus resultados no han logrado dejar atrás, por ejemplo, la violencia de sexenios y destrozos como los del priista Javier Duarte en Veracruz, o los del perredista Graco Ramírez en Morelos. Sólo en el arranque del año, nueve cuerpos fueron abandonados en una carretera veracruzana con amenazas contra el gobierno de Cuitláhuac, para sumarse al registro de mil 225 homicidios en 2021 y enterrar su promesa de acabar con la inseguridad en dos años.
La confrontación y la venganza política como respuesta sustituye a la acción de gobierno con justicia a modo y jueces de consigna. Cuitláhuac se apoya en el respaldo del Presidente para escarmentar a Monreal por meterse en asuntos de su estado y reprender su rebeldía por buscar la candidatura de Morena para el 2024 sin estar entre las corcholatas de la sucesión. El gobernador de Zacatecas acusa a los mandatarios vecinos de usar la entidad como cementerio para tirar sus muertitos en su territorio, mientras el crimen lo desafía con decenas de cuerpos colgados en puentes o abandonados frente al Palacio de Gobierno. Y Cuauhtémoc Blanco llama “guerra sucia” a la divulgación de una foto acompañado de presuntos narcos y contesta con denuncias penales ante la FGR contra fiscales estatales a los que vincula con el gobierno anterior.
No son los únicos estados en llamas y confrontados. La violencia en Chiapas y ataques contra comunidades indígenas son un “foco rojo” de desestabilización, aunque el gobernador Rutilio Escandón defiende domar la inseguridad en la línea de discurso de todos los mandatarios estatales.
Se respiran incendios desde los estados, pero la causa del fuego no es el combate frontal a la delincuencia, sino la prevalencia de sus intereses en entidades con la seguridad y la justicia en ruinas.