Derivado de los cambios en materia fiscal, para que los contribuyentes cumplan con el pago de impuestos, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé recaudar 30 mil millones de pesos adicionales para el 2020.
Lo anterior lo afirmó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, quien expuso que estos recursos adicionales provendrán principalmente del cobro de impuestos a las plataformas digitales, específicamente las relacionada con el intercambio de servicios o con la generación de una renta.
Asimismo, de acciones para combatir la evasión, incrementando la percepción del riesgo de aquellos contribuyentes que están evadiendo de manera deliberada al fisco.
“Estimamos que por la miscelánea fiscal podríamos tener cuando menos 30 mil millones de pesos de recaudación adicional, podría ser más, dependiendo de cómo sale obviamente la miscelánea, pero es un estimado que tenemos”.
El funcionario federal explicó que de inicio no se gravarán todas las actividades relacionadas con plataformas digitales, por ahora sólo se tasarán aquellas actividades económicas relacionadas con el intercambio de servicios o con la generación de una renta por el uso de la plataforma.
“Lo que queremos hacer es empezar a implementar o establecer lo que es la infraestructura impositiva de un sector en la economía que está creciendo muy rápido porque si nos esperamos, no vamos a poder ponernos en línea”, comentó.
Tras una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para analizar el Paquete Económico 2020, Yorio González indicó que la Ley de Ingresos no contempla incrementos de impuestos, sólo actualizaciones relacionadas con la inflación.
Además, expuso, la miscelánea fiscal contiene una serie de acciones muy puntuales en distintos sectores donde se ha identificado una ineficiencia o bien donde se está desalineado con la práctica internacional.
“Lo que estamos haciendo es alinear las prácticas con las de los países de la OCDE y estableciendo un marco jurídico claro que incremente la percepción de riesgo y que disminuya los espacios de evasión, para ser más eficientes en la recaudación, pero también brindar certidumbre a los contribuyentes”, subrayó.
Por su legisladores del PRD, emplazaron a la Secretaría de Hacienda a revisar los procedimientos que dotan, a partir del próximo año, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de poder burocrático exagerado para aplicar “terrorismo fiscal” sobre personas físicas y morales a las que se vincule con expedición de facturas falsas y que ahora -de acuerdo con legislación recientemente aprobada por Morena y sus aliados- es perseguido con rango de delincuencia organizada.
Al hablar a nombre de sus compañeros, el diputado Antonio Ortega Martínez acusó que -hasta el momento- no ha habido ningún anuncio, ninguna posición, ni declaración de parte de la dependencia que encabeza Arturo Herrera, que muestra apertura a revisar y mejorar dichos procedimientos que –dijo- lejos de incentivar el crecimiento nacional, lo pueden inhibir en detrimento de la generación de los empleos que tanto se necesitan.
El legislador perredista reclamó al funcionario federal su falta de respuestas ante preguntas específicas que fueron no solo respecto al “Terrorismo Fiscal” que se implementará; sino que también le cuestionó cómo se planea hacer el pago de la reciente renegociación de la deuda que, por 12 billones de pesos, tiene el país y que fue ampliada por el gobierno de López Obrador a 24 y 26 años más. Recordó que hoy solo se destina lo correspondiente a intereses (700 millones de pesos) pero esa ampliación ameritará mayor endeudamiento, aunque se diga que no.
“¡Nadie -como si fuera un secreto de Estado- nos dice cuánto es el impacto del servicio de la deuda de esa renegociación!”, criticó.
Igualmente quedó sin respuesta el tema de los subejercicios del presupuesto 2019 que, de julio a septiembre, ascendieron a 232 mil millones de pesos, cuando se supone –dijo- que la Cámara de Diputados asignó ese dinero para que fuera usado y destacó que esto ha incidido negativamente en el crecimiento económico y también genera desconfianza e incertidumbre en la inversión privada», dijo.
El calificativo de “Terrorismo Fiscal” es fuerte, agregó, pero acertado. Se dotará al SAT con facultades excesivas, discrecionales, sin procedimientos claros, ni límites legales, lo que provocará grave inseguridad jurídica y desaliento en la actividad productiva y las inversiones.
Ortega Martínez, dijo que aun cuando el gobierno argumenta que la crítica busca proteger prácticas ilícitas y delitos que -como la emisión de facturas falsas o su venta- lesionan gravemente la recaudación del Fisco; subrayó que tampoco existe desde Hacienda, alguna señal en el sentido de reconsiderar y moverse de esa respuesta única que ha dado a dicha crítica y al calificativo de: “Terrorismo Fiscal”.
“Si bien se debe combatir a quien emita facturas falsas, no se puede hacer responsable al empresariado nacional de la existencia de dicho fenómeno, ni pedirle que a cada factura que reciba por compras o suministros, investigue su legal procedencia y, menos, castigarlo por no hacerlo. Ello es una arbitrariedad, porque simplemente no es su función ni tiene los instrumentos adecuados para hacerlo”, asentó.