>> El 24 de septiembre un juez federal concedió una suspensión provisional en la cual ordena al INE abstenerse de implementar el proceso electoral como establece la reforma al Poder Judicial: Dip. Téllez
Al considerar que la suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) abstenerse de implementar el proceso electoral que establece la recientemente aprobada reforma al Poder Judicial ha sido ignorada por los Consejeros electorales, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández exhortó al Consejo General del instituto a cumplir dicho ordenamiento judicial.
A través de un Punto de Acuerdo que se presentará en la próxima sesión del pleno de la Cámara de Diputados, el legislador panista aclara que, aunque el INE no cuenta con presupuesto etiquetado para empezar a ejecutar el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros, el Consejo General determinó iniciar los preparativos de dicha elección debido a que los artículos transitorios de la reforma ordenan al árbitro electoral pronunciarse en un plazo menor a siete días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey y Claudia Zavala comentaron que el INE aún no ha sido notificado de la suspensión dictada por un juez, relativo a la organización de las elecciones para el Poder Judicial, sin embargo, hay tesis que sustenta que la suspensión de amparo indirecto surte efectos desde que se concede y no cuando es notificada a las partes y a la autoridad responsable”, puntualizó.
Téllez Hernández abundó que la propia Consejera presidenta del INE mencionó que se calcula que de los mil 760 cargos, cuando menos 880 estarán en proceso de elección el 1º de junio de 2025, incluyendo vacancias, información que deberá entregar el Consejo de la Judicatura al Senado, el cual deberá hacer las “valoraciones correspondientes”.
“Es decir, el Consejo General del INE emitió un acuerdo sin tener información precisa sobre los cargos que se van a elegir, sin tener el presupuesto para tal efecto y sin haber, hasta el momento, reformas a la ley secundaria. Todo eso constituye el inicio de un proceso viciado que puede llegar a transgredir los derechos político-electorales de los aspirantes a dichos cargos”, enfatizó el legislador.
El diputado del PAN agregó que no hay que dejar de lado el posible desacato de los consejeros y consejeras electorales a la resolución judicial, lo cual constituye de conformidad con el Artículo 262 de la Ley de Amparo, penas de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
Consideró que nos encontramos ante un “desacato masivo” a suspensiones a la reforma al Poder Judicial, a la suspensión de su discusión, aprobación y entrada en vigor, las cuales fueron ignoradas por las Cámaras de Diputados, Senadores, los Congresos Locales de los 32 estados, el director del Diario Oficial de la Federación y el Presidente de la República, quien ordenó la publicación de dicho decreto.
“Se observa un inédito autoritarismo y vulneración a las instituciones, pues el desacato que se ha dado a todas estas suspensiones ahora lo lleva a cabo un órgano constitucional autónomo, el cual debe ser garante de los derechos electorales, por lo que, en primera instancia, debe observar las decisiones judiciales y no dar por iniciado un proceso con falta de certeza presupuestal y jurídica”, concluyó.