Legisladores perredistas alertan a la sociedad mexicana del riesgo de un mayor deterioro de la economía nacional y familiar si, además del difícil entorno mundial, el actual Gobierno Federal se empecina en continuar con sus erróneas medidas, como tratar a contribuyentes como delincuentes para sacarles dinero y luego aplicar una austeridad divorciada de la eficiencia, cancelar grandes proyectos de infraestructura, y aplicar de una política social clientelar y electoral.
Demandaron por ello a la actual Ejecutivo Federal reconocer sus errores, modificar con urgencia su política económica y aplicar un ambicioso plan de infraestructura para impulsar el crecimiento, garantizar la seguridad pública, avanzar en una educación de calidad y recuperar la confianza de los inversionistas.
La bancada del Partido del Sol Azteca exigió al Gobierno Federal renunciar a su visión absolutista, populista y clientelar del gasto, señaló a nombre de su grupó parlamentario, Antonio Ortega Martínez.
“Es fundamental modificar la visión de gasto social que, especialmente en el último año, se ha ejercido sin mecanismos de operación, evaluación y transparencia, debiendo también cambiar la forma de hacer política para favorecer el reforzamiento de las relaciones institucionales de todos los entramados gubernamentales”, advirtió.
Pidió reconocer que un Estado adelgazado no se ha transformado en un Estado eficiente, pues los recortes provocaron inoperatividad y problemáticas sociales.
Las y los diputados del GPPRD lamentaron la confusión del gobierno en torno a eficacia y austeridad.
La austeridad –puntualizaron- se debe entender como el gastar sólo en lo estrictamente necesario y disminuir las erogaciones superfluas, pero jamás debe significar castigar, condicionar, recortar inversión o, simplemente, no gastar porque un gobierno que recauda pero no gasta ni invierte impacta negativamente en la economía y la sociedad.
Por el lado de los ingresos, denunciaron que los cambios legislativos tienden más al terrorismo fiscal que a una política eficiente de recaudación o de combate a malas prácticas que han dañado al país.
Son, de hecho, una amenaza a contribuyentes, empresarios e inversionistas, por lo que más que estimular el cumplimiento de obligaciones fiscales, las desincentiva al inhibir las inversiones, pues trata a esos contribuyentes como delincuentes al amagarlos con prisión y despojo de sus propiedades.
Resulta entonces que esos cambios legislativos son un lastre insalvable para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar, señalaron.
Coincidieron en la necesidad de la intervención imprescindible y consciente del Estado en la economía para impulsar el desarrollo económico y social que, en resumidas cuentas, reduzca la desigualdad de ingresos y beneficie a todos los sectores sociales.
Para tal fin propusieron, en materia de ingresos, cambios a las leyes de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y al Especial Sobre Producción y Servicios, así como al Código Fiscal de la Federación, en este caso para dar mayores facultades a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.
Específicamente plantearon eliminar el IVA a la enseñanza a la distancia, “en línea” o “virtual” y aplicar tasa cero a productos de higiene femenina, libros, periódicos y revistas, mientras que respecto al ISR plantearon eliminar acciones coercitivas para arrendatarios morosos y dar trato de consumidores finales a quienes realizan ventas al menudeo y/o por catálogo.
En cuanto a egresos, demandaron mayor inversión en infraestructura productiva y social; aplicación de reglas de operación y transparencia en la ejecución de programas presupuestarios y pago de transferencias; mayor inversión en sectores estratégicos como educación, campo, seguridad, salud e investigación, y pago oportuno de ministraciones, sueldos, salarios y compras gubernamentales, como las de medicinas, entre otras.
Cabe mencionar que hasta el jueves 17 de octubre se han logrado avances en 8 de los 14 temas que el GPPRD planteó como preocupantes en la Miscelánea Fiscal, siendo trascendental la marcha atrás al cobro de ISR a las ventas por catálogo; misma que, indicaron, vigilarán para que no se insista en su aplicación.
En el tema de la economía digital se lograron importantes avances en cuanto a la garantía de acceso a los servicios digitales, y la protección del derecho a la información; sin embargo, quedan pendientes temas de suma importancia para que quienes realicen ventas por internet no sean afectados por el cobro excesivo de impuestos.
En cuanto a la planeación fiscal se concretaron avances fundamentales, aunque el gobierno insiste en continuar con su esquema de excesiva supervisión a la actividad económica del país.
Se logró generar esquemas más simples para la deducibilidad y contabilidad de pérdidas, intereses y que se limitaran los alcances en cuanto a la definición de «Razón de Negocio», permitiendo dar legalidad a ventas por liquidación o por oportunidad económica.
La mayor preocupación de las y los diputados del PRD es evitar que se cambie el modelo de recaudación fiscal. “Nuestra propuesta reconoce las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sugiere una orientación en de la recaudación sujetada a los principios de cooperación y eficiencia todo esto reforzado con la utilización de las tecnologías el cruce de la información la vigilancia sin acoso e inteligencia”.
La propuesta del GPPRD es apostar por un modelo de “tiros de precisión” que ataque las verdaderas causas de las problemáticas recaudatorias, siempre con la visión de respeto a los derechos humanos, concluyeron.
EXIGE GPPRD CAMBIO EN POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
