<< Advierte que la falta de esos documentos les impide acceder a servicios públicos
La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, de Morena, señaló que una de las barreras estructurales que impide a los ciudadanos acceder a servicios públicos como la atención médica, programas de vivienda, oportunidades de empleo y, en particular, los mecanismos de protección social, es la falta de documentos de identidad.
Esto, alertó, afecta más a las personas en situación de calle, pues la ausencia de registros previos de su identidad, su carencia de recursos y de domicilio fijo e, incluso, la discriminación social, impide que obtengan documentos personales oficiales, lo que a su vez les priva de acceder a procesos de inclusión social.
“La ausencia de documentos de identidad les genera condiciones de exclusión que limitan el acceso a servicios públicos, programas sociales, atención médica, educación, empleo, vivienda y otros mecanismos institucionales de protección social, y perpetúa ciclos de marginación, discriminación y vulnerabilidad”, agregó la legisladora.
Por ello, presentó una iniciativa de reforma para garantizar el derecho a la asistencia social a personas en situación de calle, que impida que se les nieguen apoyos por falta de documentos oficiales de identificación y también para que las autoridades implementen programas para facilitarles el trámite y entrega de esos papeles.
La iniciativa, turnada a las Comisiones de Bienestar y de Estudios Legislativos del Senado, propone modificar diversos artículos de tres leyes para cumplir con este objetivo: la De Asistencia Social, la General de Desarrollo Social y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En el documento, Sosa Ruiz indicó que el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en 2020, en la Ciudad de México, había mil 226 personas en situación de calle; en Baja California, 726; en Jalisco, 443; en Sonora, 415 y en Nuevo León, 295, por mencionar solo unos ejemplos.
Advirtió que la situación de calle es una manifestación de desigualdad estructural cuyas causas son diversas y complejas: pobreza extrema, violencia familiar, adicciones, desempleo, trastornos de salud mental, desplazamiento forzado, migración, abandono, falta de acceso a una vivienda adecuada y la violencia de género.
“Estos elementos suelen interactuar entre sí, generando procesos acumulativos de exclusión social que dificultan significativamente la recuperación de condiciones mínimas de bienestar. Como consecuencia, muchas personas en situación de calle quedan atrapadas en un círculo de exclusión del que resulta difícil salir”, señaló.
La Senadora destacó que el marco jurídico nacional e internacional reconoce ampliamente los derechos humanos de todas las personas, lo que incluye a aquellas que se encuentran en situación de calle; sin embargo, consideró que la sola existencia de estos derechos en los ordenamientos jurídicos no ha sido suficiente para garantizar su ejercicio efectivo.
“El Estado debe adoptar medidas específicas para reconocer derechos a las personas en situación de calle, y para remover los obstáculos que impiden su materialización, con políticas públicas que faciliten la obtención de documentos de identidad que promuevan la inclusión institucional y generen condiciones para su reinserción social, laboral y comunitaria”, concluyó.