Númerto Cero/ EXCELSIOR
La respuesta inercial a la conmoción por la epidemia de feminicidios es una constatación de que la tragedia está fuera de control y, peor aún, que las autoridades no saben qué hacer con ella. ¿Qué clase de transformación política puede haber en un país que abandona a las mujeres a la violencia y el crimen? Tras casi tres décadas de inacción desde las muertas de Juárez hasta la nueva ola de feminicidios en Nuevo León, las desapariciones y crímenes realmente importan poco más allá de encabezados sobre mujeres asesinadas.
Su seguridad no es prioridad, no al menos del principal instrumento para transformar la realidad del país: el presupuesto. Ante la alarma social en la opinión pública ahora por el caso de Debanhi Escobar en NL, recurrir otra vez al populismo judicial significa optar por un virus del que tampoco hay vacuna. Pero ni siquiera ese recurso para el aplauso fácil y simular que sí se actúa se sostiene sin correlato en programas y presupuestos públicos.
El comportamiento es rutinario. El Congreso ha respondido a la alarma social con reformas para aumentar el grado de persecución con la pena de 45 años de cárcel para la tentativa de feminicidio, elevar castigos y prisión oficiosa en el intento de crimen de odio contra las mujeres. Ya antes se había reformado el Código Penal Federal para elevar de 60 a 65 años la pena máxima para este delito, incluido en el catálogo de prisión preventiva, sin efecto alguno para evitar el asesinato de 10 mujeres al día. Ha sido también la respuesta en varios estados, sin evitar que, desde 2015 a la fecha, el feminicidio escale 121 por ciento.
La contestación otra vez es inercial e incluso ficticia porque estas medidas ni siquiera pueden aplicarse sin recursos para revisar a las fiscalías, las investigaciones que involucran al crimen organizado y hasta las capacidades profesionales para configurar un caso de tentativa que los jueces puedan avalar.
Si existen dudas de la eficacia de las acciones punitivas para enfrentar el problema, una solución separada de contexto de la justicia solamente existe en la imaginación de legisladores y gobiernos impotentes para controlarlo.
La muerte de Debanhi es prueba de que el populismo judicial, sin aparato de justicia eficaz, no sólo es cuestionable, sinorisible, cuando el secretario de seguridad de NL, Aldo Fasci, admite que la búsqueda de la joven fue una “falla humana masiva”. Hasta cuatro revisiones en el motel a las afueras de Monterrey donde se encontró su cadáver en una cisterna, en la que se dijo, en principio, que había caído y se había ahogado. Y no es un caso extraño —en eso tiene razón Fasci—, por el contrario, explica que la ONU califique la desaparición en México como el “crimen perfecto”. Su caso es la punta del iceberg del problema de fondo: 25,000 mujeres desaparecidas en el país.
El perfil del abandono a las mujeres lo configuran la transferencia de recursos de seguridad pública a las corporaciones militarizadas, como la Guardia Nacional, y la reducción presupuestal a programas de protección e igualdad de género. NL es uno de los estados más castigados en fondos federales para seguridad, que coincide con la espiral de desaparición, más de 50 en lo que va de 2022. Pero es sólo un botón de muestra de las consecuencias del olvido presupuestal de programas para las mujeres.
Ni siquiera en el anexo 13 del presupuesto federal dedicado a la igualdad de género se revierte la situación porque los recursos incluidos están diluidos en programas dirigidos a otras poblaciones, como adultos mayores o becas para jóvenes. Podría rebatirse que las benefician indirectamente porque las descargan de problemas, pero esto no hace más que ilustrar la visión particular del gobierno sobre ellas como un tema subsidiario de los programas sociales o un daño colateral de la falta de acceso a la justicia.
Ninguno dirigido a evitar que no se sientan a salvo en las calles y en su propia casa o evitar que la mitad en prisión estén por delitos cometidos por sus parejas o del entorno familiar, como el secuestro. Ninguno dispuesto a romper el tabú del feminicidio con la investigación del crimen organizado para prevenir la violencia y protegerlas. Ninguno que supere respuestas inerciales de crímenes de alto impacto… Ninguno que contradiga la idea de que el país abandona a sus mujeres.