<< Urge a que la SSA y el Hospital Infantil Federico Gómez transparenten los inventarios y la cadena de distribución de tratamientos oncológicos pediátricos
La diputada federal de Acción Nacional Noemí Luna Ayala, cumplió su compromiso de exigir una investigación y el deslinde de responsabilidades por los presuntos delitos de negligencia y daño patrimonial derivados de la caducidad de 18.4 millones de medicamentos e insumos médicos. Lo anterior quedó formalizado con la publicación, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, del Punto de Acuerdo que promovió con ese propósito.
Desde que el caso fue dado a conocer públicamente, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) manifestó su indignación por lo ocurrido durante la actual administración federal y anunció que impulsaría las acciones legislativas necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables.
La legisladora advirtió que la pérdida de medicamentos no sólo representa un grave daño al patrimonio público, sino que afecta directamente el acceso oportuno a tratamientos, particularmente de niñas, niños y adolescentes con cáncer, quienes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad.
En el exhorto publicado esta semana, Noemí Luna solicita a la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y la Secretaría de Salud (SSA) investigar los hechos y, en su caso, fincar responsabilidades por el daño ocasionado, estimado en 121 millones de pesos.
Asimismo, pide que la Secretaría Anticorrupción realice una revisión integral de la gestión de inventarios y de la cadena de suministro en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en los almacenes federales. De igual forma, solicita que la FGR inicie las investigaciones correspondientes por la probable comisión de delitos relacionados con la administración de los insumos médicos.
El Punto de Acuerdo también exhorta a la ASF a efectuar una revisión especial de los contratos de subrogación para el abasto y distribución de medicamentos en el sector salud. Además, plantea que la Secretaría de Salud y la dirección del hospital hagan públicos los inventarios y la trazabilidad de los tratamientos oncológicos pediátricos.
Noemí Luna subrayó que permitir la caducidad de millones de medicamentos vulnera el derecho humano a la protección de la salud, reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Salud.
Finalmente, lamentó que, mientras millones de medicamentos permanecían almacenados hasta perder su utilidad, miles de pacientes enfrentaban desabasto en hospitales públicos. Afirmó que estos hechos obligan a esclarecer responsabilidades y a garantizar que una situación de esta magnitud no vuelva a repetirse.