>> Sugiere que quienes contraten a personas con discapacidad puedan deducir el doble del salario efectivo pagado a estos trabajadores de habilidades diferentes.
Impulsan legisladores del Partido Verde iniciativa de ley para otorgar más estímulos fiscales a empresas que contraten personas con algún tipo de discapacidad.
A nombre de los legisladores ecologistas Karen Castrejón, explicó que “es obligación del Estado prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar las condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables”.
Agregó que este grupo vulnerable lo integran los pobres de los pobres, debido a que son los que menos oportunidades tienen, y la realidad lo demuestra, hoy, según la organización “Inclúyeme”, 3 de cada 4 personas con discapacidad se encuentran desempleadas en América Latina.
De acuerdo con la propuesta que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, los patrones que fomenten el empleo, pueden deducir el pago del ISR equivalente al doble del salario pagado a las personas contratadas, siempre y cuando los trabajadores cuenten con el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o por la Secretaría de Salud (SS).
La Ley otorga el beneficio a los empleadores de quedar exentos de pagar las cuotas de seguridad social y las aportaciones a la subcuenta de vivienda correspondientes a las personas trabajadoras con discapacidad que tengan contratadas.
La norma vigente habla de descontar de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del ISR, en el año de ejercicio fiscal, un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivo pagado a las personas con discapacidad. La propuesta del Partido Verde es subirlo al doble del salario, lo que hace más atractivo contratar personas con habilidades diferentes.
La legisladora pevemista, detalló que, su labor como servidores públicos es contribuir a retirar las barreras estructurales que afectan a las personas con discapacidad y les impiden no solo el ejercicio de sus derechos, sino también a realizarse y desarrollarse plenamente.
Reconoció que los apoyos e incentivos existentes no han sido suficientes y tampoco tiene un alcance nacional la legislación de sistemas de cuotas, que obliga al sector público y a las empresas a incluir en sus plantillas laborales un determinado número de trabajadores con esta condición, de ahí la necesidad de aumentar al doble las deducciones del ISR para los empleados.
Con base en datos del INEGI, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más representó en 2020, el 38 por ciento (2.4 millones de personas). Este dato fue apenas poco más de la mitad de la tasa de participación observada en las personas sin discapacidad 67 por ciento (59 millones de personas).