Mucho escándalo ha causado la reacción xenofóbica relacionada con el fenómeno de la llamada gentrificación, que, según la Real Academia es el:
“Proceso de renovación de una zona urbana,
generalmente popular o deteriorada, que implica el
desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo.”
En la Ciudad de México, como en muchos otros lugares en el mundo, se ha desarrollado este fenómeno, principalmente, en las Colonias Condesa, Roma, Juárez y Doctores, que en general, tienen construcciones de principios y mediados del siglo pasado, en donde se fueron desarrollando inversiones en la renovación de edificios, establecimiento de restaurantes, cafés, lugares culturales, que fueron atrayendo a personas extranjeras retiradas y a jóvenes parejas de clase media alta, que, con el fenómeno de las plataformas de Internet para la comercialización de arredramientos de corto plazo, ha venido a subir considerablemente el costo de las rentas, causando un desplazamiento de la población que originalmente ocupó dichos espacios, que antes de las inversiones mencionadas fueron de bajas rentas por el deterioro de los edificios en dichas colonias ocasionado por las tendencias que ocurrieron desde los años 60 a 90 del siglo pasado, a desplazar a la clase media que antes ahí vivía, al Sur de la Ciudad de México, en colonias como la del Valle, Coyoacán y San Ángel, y al Poniente, como las Colonias, Polanco, Anzures y las Lomas de Chapultepec.
Esta situación se ha venido exacerbando ante las protestas de los vecinos de las zonas afectadas de una forma cada vez más agresiva, destruyendo establecimientos y con menciones altamente xenofóbicas.
Ante la situación de lo que sucede en Estados Unidos con la persecución de migrantes, que muchos de ellos son connacionales, esta xenofobia en México es sumamente peligrosa, ya que ello puede repercutir en contra de los mexicanos que viven en Estados Unidos.
Sin embargo, el enfoque de esta entrega no versa sobre esto, sino sobre el pretexto de las autoridades morenistas de la Ciudad de México para dar solución a la problemática enunciada, dando un paso más en contra de la propiedad privada, pretendiendo regular el precio de los arrendamientos inmobiliarios.
Así, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada ha lanzado el Bando 1, denominado “Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”. Como podemos inferir, con las palabras que utiliza de “arraigo local”, implica en cierta forma, el que no pueda pagar los incrementos de renta debido a situaciones de mercado que no lo pague porque el Bando 1 tiende al congelamiento de las rentas en última instancia.
Esto implica una clara intervención a la propiedad privada. Ya tenemos un ejemplo de ello en la Ciudad de México y otras partes del país, cuando el presidente Ávila Camacho emitió un decreto de congelamiento de rentas por motivos de seguridad nacional, al encontrarse México formalmente en guerra (la llamada “Segunda Guerra Mundial) en contra del Eje de la Alemania nazi, junto con Italia y Japón.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, el decreto permaneció en vigor. Ello ocasionó un gran deterioro urbano en muchas partes del país, principalmente en la Ciudad de México, debido a la falta de mantenimiento de las construcciones arrendadas por parte de sus dueños, ya que el congelamiento implicaba de facto una expropiación de sus propiedades en favor de los inquilinos, que pagaban hasta un 1% en rentas en relación con el mercado, haciendo totalmente inviable para los dueños el invertir en sus propiedades. Ello también causó un gran deterioro urbano, principalmente en la zona Centro de la Capital, en donde la mayoría de las propiedades sujetas a la restricción de rentas se ubicaban.
Al progresar las condiciones de mercado debido a factores de moda, sociológicos, culturales, demográficos o de cambio de costumbres, que hacen que zonas aumenten de precio y plusvalía, se generan desplazamientos de personas que no pueden continuar viviendo en dichas zonas. Sin embargo, si por motivos populistas o electorales el gobierno intenta intervenir en sesgar el mercado, en primer lugar, atenta en contra de la propiedad privada, y genera condiciones para que se venga abajo el entorno general de la zona que progresa.
Sí, estas situaciones generan desplazamientos, si el gobierno quiere solucionar dichos problemas tiene que invertir en generar vivienda popular en otras áreas con inversión pública que deviene de nuestros impuestos, otorgando créditos baratos para que los particulares inviertan en desarrollos inmobiliarios que se renten a bajos costos, y de esa forma resolver el problema de los que se ven desplazados por los incrementos mencionados, en lugar de atentar en contra de la propiedad privada y generar una depauperación de la zona.
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