NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El alcance nacional e internacional en la conversación digital de la protesta contra la gentrificación da cuenta de un fenómeno global. La CDMX vive un proceso explosivo socialmente, como otras capitales, por el desplazamiento urbano forzado por otros con mayor poder adquisitivo en una vorágine de mercado que transforma “polos de moda” en lugar de lujo para pocos sin vivienda asequible. Por eso el hecho no se puede reducir a criticar la xenofobia o chovinismo, aunque cruzaran la manifestación en la CDMX.
Al contrario, poner ahí el acento sobre la expulsión de comunidades y sus connotaciones de clase social confirma la pertinencia de la crítica a la “indiferencia” de la globalización. El marco, precisamente, en el que el papa Francisco encuadró su duro ataque a la gentrificación en su último libro como una “guerra contra los pobres”; no es el único que la ve como reemplazo de la diversidad por homogeneidad social y cultural de un fatuo cosmopolitismo ajeno a localismos y a sus habitantes.
Así que estamos ante un problema multifactorial más profundo que la mera especulación inmobiliaria, aunque sea una de sus causas. Se asienta en la falta de regulación y freno del Estado, tanto como en políticas públicas ineficaces de vivienda, sin planeación urbana ni medidas audaces para proteger ese derecho. Que, en conjunción con intereses individuales y visiones economicistas, lo justifican como el único camino de pobres y ricos para mantener bien a la urbe; sin reparar en que el inmovilismo y la expulsión alimentan reacciones violentas como las ocurridas en la CDMX. ¿Cómo pensar en ciudades habitables sin derecho a la ciudad?
Pero nadie habla de justificar la violencia ni respaldar a radicales que se montan en un movimiento, como oportunamente condenaron la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Y también atinadamente porque su irrupción sirve para descalificar una protesta legítima de organizaciones y vecinos contra el desamparo de miles de personas fuera de su hábitat, y con frecuencia hasta de las periferias a las que son expelidos. Las rentas en la Roma-Condesa subieron hasta 100% desde que, en la pandemia, en 2022, la entonces jefa de Gobierno Sheinbaum invitó a ciudadanos globales a hacer “turismo social” y firmó convenios con la plataforma Airbnb para atraer nómadas digitales. Hay ejercicios que muestran que en 500 metros a la redonda del Starbucks que fue atacado en la Condesa hay más de 1,000 alojamientos de ese tipo, algo así como 22% de las viviendas en ese radio.
La escalada de precios, evidentemente, es mucho mayor a la inflación con que su sucesor Martí Batres trató de topar el encarecimiento y quedó atrapado en los tribunales. Por el contrario, el fenómeno se extiende a zonas periféricas, como Tláhuac, donde se elevaron un 20% por la llegada de desplazados. Los datos dibujan el déficit de unas 500,000 viviendas asequibles que dejó el parón de la construcción de esos años en la capital. Pero la opción de no construir y condenar la gentrificación también conduce a convertir la crisis de vivienda en conflicto social.
Aunque nada debe implicar dar cabida a expresiones discriminatorias y xenófobas contra residentes extranjeros. Esa nota daña una protesta que es legítima, tanto como la violencia que da alas a la especulación sobre grupos violentos y agitadores pagados para manipular esa causa a través del mayor eco digital, publicaciones internacionales y hasta posteos del gobierno de EU para provocar y engordar su política antiinmigrante.
Las hipótesis que se ven en las visualizaciones, comentarios y trending topics es la prueba de que la protesta se vale del peor momento para dañar la relación con EU, confirman su desinterés por la gentrificación o su forma de entender la manipulación en redes; tampoco extrañan comentarios sarcásticos del Departamento de Seguridad por la sabida indiferencia del gobierno de Trump a problemas globales como migración o gentrificación en su mismo país.
Dejan o no quieren ver que capitales como Viena sufrieron ya estas escaladas en el siglo XX, a pesar de políticas fiscales para financiar vivienda social como un bien público, y no sólo como mercancía; controles de rentas en España y mayores cargas fiscales a las habitaciones desocupadas; tenencia colectiva de tierras en Latinoamérica o expropiaciones para construir vivienda si falta espacio o mayor vivienda vertical. En fin, la gentrificación es un asunto global que por ello tiene eco en otras partes, donde también provoca movilizaciones y deja experiencias que México puede retomar para atacar el fondo: acceso a la vivienda asequible.
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