NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La Fiscalía General de la República recurre nuevamente al criterio de oportunidad para armar un caso, como trató con Lozoya para enjuiciar la corrupción del pasado, pero ahora tiene en la mira a un hombre clave de López Obrador. En el choque más fuerte al interior del gobierno y el Ministerio Público, acusa a Julio Scherer y a cuatro abogados de su entorno de intentar extorsionar a Juan Collado para obtener su libertad. El poderoso exconsejero de la Presidencia ahora puede conocer la diferencia entre un “fiscal carnal y uno enemigo”.
La amenaza la deslizó el fiscal Gertz cuando se agravaron las fricciones entre ellos, como recuerdan dentro de su equipo, aunque un litigante de larga data como Scherer siempre ha sabido que, en México, el mejor abogado es el amigo del fiscal. Aunque apoyó su llegada a la FGR en 2019, ahora no lo son, como demuestra la determinación de golpear la reputación de un personaje tan cercano —casi hermano— de López Obrador sin contar con todos los elementos para procesarlo por delitos graves como la extorsión desde el Estado y tráfico de influencias.
Scherer muestra confianza de que el asunto no transitará en tribunales y refuta esas acusaciones de Collado como “inferencias de mala fe”, que, además, pierden sustento con una carta filtrada en la que adelantaba denuncias por corrupción a políticos y funcionarios a los que López Obrador ha calificado como la “mafia del poder”. La carta sin firma, pero atribuida a Collado, es un diagnóstico de la herrumbre de la justicia por la fabricación de pruebas y muestra otra oportunidad perdida de la autonomía de la Fiscalía para rescatarla.
Esta guerra jurídica vuelve a poner en el primer plano graves perversiones de la justicia, como la persecución por motivaciones personales o rompimientos políticos, así como el abuso del criterio de oportunidad para obtener acusaciones contra enemigos políticos, como le ocurrió con Lozoya. Scherer fue uno de los hombres más cercanos a López Obrador hasta septiembre pasado, cuando renunció porque su relación con la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, era insostenible por acusar invasión de atribuciones. Su desencuentro con Gertz también pudo originarse en que prácticamente todos los asuntos y nombramientos pasaban por su oficina, incluidos los del Poder Judicial. Aunque hay quien asegura que el rompimiento se debió a trabajos publicados en Proceso sobre litigios personales del fiscal en el caso de Alejandra Cuevas, presa acusada del homicidio contra su hermano y que él atribuye a una campaña de la revista ligada a la familia Scherer.
Las denuncias contra Scherer tratan de sustentarse en un modus operandi manejado desde el poder en el que abogados de su confianza habrían ofrecido beneficios judiciales, como rebajar o condonar penas, por contrapartidas millonarias. En concreto, Collado dice haber pagado 10 millones de pesos a la UIF para cerrar la investigación en su contra y ser víctima de presunta extorsión para vender a un bajo precio la empresa Caja Libertad —por cuyos malos manejos está preso desde 2019—, a cambio de su liberación. El caso es difícil de probar porque los abogados y Scherer tendrían que confesarlo; o bien, el mismo López Obrador reconocer la autenticidad de la carta atribuida a Collado, en la que inculparía a sus propios clientes y traición a una cartera que incluye a Peña Nieto, Salinas de Gortari y Romero Deschamps.
Pero el Presidente lo que ha admitido es otra carta en la que Collado solicitó, desde 2019, la intermediación de Scherer para negociar un acuerdo reparatorio para librar la cárcel, como el caso de Alonso Ancira, con el pago de 216 millones de dólares por daños al erario en la compra de Nitrogenados. Es diferente al criterio de oportunidad, que en diciembre pasado le ofreció la FGR si denunciaba a la “mafia del poder”.
El desenlace de esta reyerta jurídica está por verse, pero socava el prestigio de la justicia si otra vez se desmorona en manos del fiscal. Scherer cuenta con el apoyo del Presidente y tiene en el horizonte 2024, dentro del equipo de Sheinbaum, mientras que el encargo de Gertz se extiende hasta el próximo sexenio y resultaría muy costoso para el Presidente ofrecer su cabeza a la oposición y conseguir su apoyo para un nuevo fiscal. La pugna quedará sin ganadores, aunque la justicia volverá a perder.