NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Los juegos de poder con la justicia por reyertas y enemistades del fiscal Gertz son una bofetada para las víctimas que, como las de desapariciones, se acumulan a niveles inimaginables sin atención a sus casos. Mientras en el país se rompe el techo simbólico de 100 mil desaparecidos, la autoridad responsable de su búsqueda y perseguir ese delito se ocupa en judicializar sus riñas personales como en la disputa con Julio Scherer y, antes el pleito familiar, con Alejandra Cuevas.
En efecto, los últimos días hemos conocido dos hechos escandalosos que, aunque de distinta índole, enseñan graves comportamientos que pervierten la justicia y alientan la impunidad: las omisiones de la FGR con las familias de las víctimas de desaparición, a la vez que su dedicación comedida en los casos que importan al fiscal por implicar litigios que lo comprometen personalmente.
La actuación de la FGR es reveladora de la desviación y desapego con las víctimas que, entre otras razones, explican por qué no mejora la justicia y, por el contrario, cada día el horror del crimen alcanza techos más altos. La Fiscalía está concentrada en probar que cuatro abogados y Scherer integraron una sociedad para extorsionar al llamado abogado del poder Juan Collado, lo que ha sido repelido con una denuncia penal contra Gertz por uso faccioso del Ministerio Público.
Las prioridades del fiscal perjudican a la Fiscalía. Frente a ellas, los datos sobre desaparecidos son veneno puro y refuerzan la percepción de impotencia para frenar la violencia. Las víctimas cobran visibilidad en la estadística, pero desaparecen de la acción de la justicia, a pesar del clamor de enfrentar la tragedia. El abandono las impulsa a ocupar el escenario y denunciar la crisis forense en el país, la desatención a la exigencia para localizar a sus familiares y hasta el desprecio a su esfuerzo por mantener viva la memoria con intervenciones como designar a la glorieta de la Palma la de los desaparecidos.
Frente a la queja y la amonestación, el silencio de las autoridades. La última fotografía del país del horror de las desapariciones pasó inadvertida para los gobiernos estatales y reacciones como la de López Obrador tuvieron el efecto de despertar indignación por decir que las cifras son altas en su gobierno porque ahora sí son buscados. El suyo, en efecto, rebasará a los anteriores sin lograr su promesa de combatir la corrupción como condición para mejorar la justicia. La actuación de la Fiscalía explica mucho sobre ese fracaso.
Otra prueba de ello es la descalificación que ha sufrido la FGR, primero en el caso de Alejandra Cuevas, y ahora en el proceso para poner en el banquillo al exabogado de la Presidencia con acusaciones de Collado como contraprestación a un acuerdo con la Fiscalía. El juez decidió anularlo por considerar que hacía imputaciones “ficticias” contra Scherer y el extitular de la UIF Santiago Nieto, con quienes Gertz tiene un añejo enfrentamiento público y notorio.
Pero no es la primera vez que las “intenciones” de Gertz se ponen en duda. Ya antes, la SCJN dictó que el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por sus imputaciones era inconstitucional al recurrir a un tipo penal inexistente para atribuirle responsabilidad en la muerte de su hermano Federico. ¿Qué pueden esperar las víctimas de un fiscal señalado por inventar figuras legales y acusar sin pruebas suficientes? El juez que exoneró a Scherer llegó a decir sobre el abogado de la nación y, por tanto, de las víctimas que, “si en su actuación hay perversidad, se necesita a Dios como abogado”.
Los grupos de víctimas tienen poca comunicación con las fiscalías, tanto la FGR como las de sus estados. Acusan abandono, sufrir de revictimización y ser estigmatizados por las investigaciones. Han tenido que coger pico y pala para buscar en colectivos a sus desaparecidos. Pero además, el espectáculo en que han convertido a la justicia es cicuta para la Fiscalía y la esperanza de las víctimas, que generalmente no cuentan con los recursos que Scherer y los otros abogados para denunciar la conducta del fiscal. Frente a los intereses personales y prioridades del fiscal, que unos califican de mala fe y otros de perversos, a las víctimas sólo les queda encomendarse a Dios como sugiere el juez Delgadillo o poner las fotos de sus desaparecidos en las plazas públicas para que su memoria no desaparezca.