NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La vendetta por viejas rencillas del fiscal general, Alejandro Gertz, y el extitular de la UIF, Santiago Nieto, deja una víctima: el sistema de justicia. Los escándalos cruzados de revelaciones de acumulación de fortunas personales entre ellos tienen la marca de las venganzas de la mafia, que ponen al descubierto el uso político de las instituciones y abren un boquete a la confianza en el compromiso del gobierno de la 4T para perseguir y castigar la corrupción.
El discurso del presidente López Obrador sobre la prioridad anticorrupción se juega mucho de su credibilidad en dos casos de enriquecimiento y acumulación de recursos, nada menos que del exzar anticorrupción y de la máxima autoridad para procurar justicia en el país. Así parece entenderlo al pedir que la Función Pública investigue su evolución patrimonial, después de que, en principio, desestimó las filtraciones periodísticas sobre sus fortunas como ataques malintencionados. Pero el fuego está dentro de casa, como acabó por aceptar. Esta vez la disputa al interior impide escurrir la responsabilidad de fijar postura ante el escándalo, aunque sin quitarles el manto protector considerándolos funcionarios “honestos”.
El duelo ha colocado al gobierno en un trance difícil por exhibir ambiciones y armas que velaba la “mafia del poder”, como remplazar la ley por la política en gobiernos anteriores, pero ahora dentro de la 4T. La vindicación de intereses personales dentro de las dependencias y la FGR es espejo de confrontaciones internas y descontrol de sus funcionarios, a pesar de su liderazgo. Éste es el mensaje del que ha acusado recibo el mandatario, aunque rebajándolo con sus sospechas hacia los medios que hicieron las revelaciones.
Ese campo de batalla es la publicación en dos diarios nacionales, el mismo día, de las filtraciones sobre las fortunas de ambos, como si correspondiesen a una operación de nado sincronizado de interesados en desacreditarlos con el arma de la delación. Del exzar anticorrupción se publicó que, en sólo dos años, acumuló tres propiedades con valor de más de 40 millones de pesos, que justificó por haber tomado créditos, aunque su salario parece insuficiente para acceder y solventar esa deuda. Por su parte, el periodicazo contra Gertz cita una presunta investigación de la UIF, que conducía Nieto, sobre transferencias millonarias internacionales y depósitos en paraísos fiscales entre 2014 y 2021, lo que daría cuenta de su fortuna.
No es la primera vez que estallan escándalos de corrupción en la 4T, pero la opulencia de servidores ricos en pueblo pobre es una contradicción difícil de transitar hasta para sus principales consignas. Y que, más allá de la contradicción con el eslogan, enseña que los mecanismos para la rendición de cuentas del poder mantienen altos niveles de opacidad e impunidad, ya no sólo en el pasado, sino en la actualidad. La transparencia incluso ha sufrido retrocesos por el decreto que blinda del escrutinio público las obras públicas bajo reserva de seguridad nacional, o la decisión de mantener la secrecía en la compra de vacunas, el plan maestro del aeropuerto y hasta la venta del avión presidencial.
Existen instrumentos para vigilar la evolución patrimonial de los funcionarios y sancionar jurídica y políticamente las desviaciones, pero parecen estar poco activos. El Senado podría llamar a cuentas a Gertz y, en caso de considerar que lo amerita, retirarle su confianza, pero, por el contrario, los partidos que lo votaron expresan su apoyo sin mediar audiencia, salvo una declaración del fiscal por interposita persona de Ricardo Monreal para decir que “estoy limpio”.
Pero sobre Gertz hay acusaciones, incluso de su familia política, sobre operaciones financieras irregulares por 7.9 millones de dólares y denuncias de violación a los derechos humanos en el encarcelamiento de Alejandra Cuevas, que alega persecución del fiscal. Por un asunto menos grave, en términos penales, Nieto renunció a la UIF tras un escándalo político por su boda. Pero, hasta ahora, tanto el gobierno como la oposición le han mantenido su respaldo, no obstante la falta de eficacia de la FGR para armar los expedientes de los mayores casos de corrupción de funcionarios del pasado que presume el gobierno, como Lozoya en la averiguación de Odebrecht. Nada, sin embargo, lo ha hecho tambalear, aunque hoy represente más la crisis de la justicia que la esperanza de reformarla con una Fiscalía autónoma capaz de resistir la politización de la ley.