La Cuarta Transformación llegó con la promesa de cambiar las viejas prácticas, dejar atrás la simulación y construir gobiernos congruentes con sus principios. Sin embargo, hay casos que invitan a cuestionar si esa promesa sigue vigente en todos los rincones del país.
En Baja California, por ejemplo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda —morenista de origen— enfrenta una paradoja política difícil de ignorar: su círculo de asesores más influyentes incluye perfiles ligados al PAN, lo que ha generado tensiones internas y obstáculos en la toma de decisiones. A pesar de que la mandataria se ha mostrado abierta al diálogo y receptiva a propuestas externas, muchas de las iniciativas acordadas terminan por desmoronarse tras pasar por el filtro de sus asesores.
Nos comentan que hay temas urgentes —como la movilidad, la seguridad o la integración de migrantes que ya forman parte de la vida cotidiana en el estado— donde se ha ofrecido ayuda técnica desde fuera del gobierno, pero sin éxito. Los acuerdos se congelan o se revierten tras conversaciones con quienes, se supone, deberían fortalecer su gestión, no debilitarla.
Resulta desconcertante que en un gobierno que se asume de izquierda, que presume un compromiso con la transformación del país, se permita que figuras del viejo régimen marquen la pauta desde la sombra. ¿De qué sirve ganar elecciones con una plataforma progresista si las decisiones siguen guiadas por visiones ajenas al proyecto?
La congruencia no es solo una expectativa ciudadana: es una exigencia elemental. Y en este caso, la mezcla de discursos y estrategias que se neutralizan entre sí ha impedido avances reales en temas sensibles. La gobernadora aún está a tiempo de tomar el control de su proyecto y rodearse de quienes realmente compartan su visión.
Y Sepa La Bola… pero mientras el gobierno de Clara Brugada puede presumir que la Ciudad de México está entre las 16 metrópolis que más riqueza generan en el mundo —según el Global Metro Monitor de la Universidad de Cambridge y Moody’s Analytics—, en las alcaldías se siguen padeciendo problemas tan básicos como la falta de agua, luminarias fundidas, banquetas rotas y parques en abandono.
La paradoja no solo es económica, también es política: se genera mucho, pero se invierte poco donde más se necesita.
Durante la presentación del Atlas Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega lanzó un mensaje claro: mientras la capital carga con décadas de desarrollo urbano sin planeación, en Cuauhtémoc se están tomando decisiones técnicas y comunitarias para cambiar esa lógica. Anunció la intervención de ocho espacios públicos prioritarios, un ambicioso programa de parques de bolsillo y obras para peatones y ciclistas. Todo con presupuesto propio y sin esperar a que “la ciudad voltee”.
Y sí, el tema de fondo es el dinero. “Con lo que generamos de predial, podríamos hacer en tres años lo que no se hizo en treinta”, dijo la alcaldesa al proponer que ese recurso regrese a las alcaldías. La sugerencia no es menor: la discusión sobre los recursos locales —quién los genera y quién los administra— cobra fuerza.
Desde Cuauhtémoc se lanza un contraste: mientras el gobierno central acumula megaproyectos y decisiones centralizadas, la alcaldía apuesta por el territorio, por el dato técnico y por la participación vecinal. Y en ese contraste, la diferencia empieza a notarse.
Y Sepa La Bola… pero las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto a una avioneta interceptada en Colima, dejaron al descubierto la imprecisión de la información oficial y generaron una tensión diplomática con El Salvador.
García Harfuch inicialmente vinculó la aeronave con territorio salvadoreño, una afirmación que el gobierno de Nayib Bukele desmintió con contundencia.
Según El Salvador, y con base en datos de Costa Rica y el Comando Conjunto Interagencial Sur (JIATFS) de EE.UU., la aeronave sobrevoló el océano Pacífico sin entrar en su espacio aéreo. Además, los tres detenidos resultaron ser mexicanos, lo que refuerza la versión salvadoreña y pone en entredicho la narrativa mexicana.
La falta de información verificable sobre el origen real de la aeronave, más allá de una traza detectada a 200 km al sur de San Salvador, genera dudas sobre la base de la acusación inicial. Aun cuando García Harfuch reconoció la nacionalidad mexicana de los detenidos, insistió en una versión que no ha sido respaldada con evidencia concluyente.
Este episodio provocó un llamado a consulta de la embajadora salvadoreña en México, reflejo de la seriedad con la que ese país ha tomado el tema.
La falta de precisión, sobre todo en asuntos de seguridad nacional con implicaciones internacionales, puede derivar en consecuencias diplomáticas innecesarias. Aunque quizá se trate de un malentendido, el daño está hecho: la relación bilateral se tensó, y la credibilidad institucional quedó en entredicho.
Los mexicanos merecen una explicación más clara, completa y sustentada. En temas de seguridad y cooperación internacional, la transparencia y la exactitud no son opcionales: son indispensables.
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