Por Miguel Gaytán.- A seis meses de emitida la nueva Ley General de Víctimas, diversas entidades del país aún se encuentran en deuda con la sociedad , advirtió Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV) a seis meses de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Víctimas.
De ahí, que el Comisionado hizo este llamado a las entidades que muestran rezagos tanto en la normatividad como en la operación de las instancias responsables de la atención a víctimas de delitos y violaciones de sus derechos humanos.
“Los gobiernos, tanto asamblea, congresos, como ejecutivos que no están generando un sistema de atención a víctimas y una Comisión Ejecutiva están en deuda con su población, están en deuda con las víctimas del país y por tanto el llamado es a que se apresuren para generar estas condiciones”, exhortó.
En el marco de la presentación de los resultados de una investigación con enfoque de género diferencial y especializado sobre los contextos de victimización que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los derechos de las personas mayores, Rochín del Rincón dejó en claro que las víctimas de diversos delitos no solo demandan el resarcimiento económico sino sobre todo claman por la justicia y la verdad, factores estos que mientras no sean satisfechos, mantendrán en deuda a las autoridades con la sociedad.
En entrevista con el Comisionado tras la presentación del referido informe, enfatizó que al igual que hay un proceso diferenciado de envejecimiento entre los países del primer mundo comparativamente con los denominados emergentes o en vías de desarrollo; diferenciación que se ve reflejada al interior del país en los diferentes contextos geográficos y socioculturales, algo similar ocurre con la implementación normativa de la nueva Ley General de Victimas.
Precisó el Comisionado que mientras existen entidades federativas como el Estado de México, Coahuila y Nuevo León, donde el avance es satisfactorio, existen otros estados como Michoacán, Morelos, Veracruz y San Luis Potosí que aún están en proceso de armonización de sus legislaciones locales; mientras que el resto se encuentran en condiciones de rezago moderado y grave en algunos casos.
Citó a manera de ejemplo el caso de Sinaloa, donde si bien existe la normatividad actualizada, aún no se genera la infraestructura física y técnico administrativa para la atención a las víctimas, o casos más graves aún como Tamaulipas, foco de alta incidencia delictiva y violencia, donde, admitió que aunque la Comisión Ejecutiva para Atención a Víctimas de delitos del fuero federal, tiene presencia actualmente en 16 entidades, en Tamaulipas está por instalarse en los primeros días de octubre.
Sobre la posición de México en el concierto internacional en esta materia, Rochín del Rincón se congratuló de los avances alcanzados.
“La verdad es que México es el país más avanzado legalmente en mecanismos de atención, porque la Ley General de Victimas es un modelo muy novedoso, supera incluso el modelo de Colombia, porque el modelo de Colombia se refiere a un periodo determinado del país y a unas zonas determinadas, la Ley General de Victimas es mucho más amplia, incluye tanto delitos como violaciones a derechos humanos”, acotó.
Cabe destacar que el informe presentado en las instalaciones del Centro Cultural España, ubicado en el centro de la capital del país, corresponde a una visión del ejercicio 2016 que de entrada refiere como el grupo poblacional de las personas mayores muestra un rápido crecimiento en México debido, por una parte a la eficacia de los programas de salud que han arrojado como resultado un descenso gradual de la tasa de fecundidad, por una parte, y el incremento de la esperanza de vida, por la otra.
Un sencillo análisis comparativo permite apreciar que en 1970 la pirámide poblacional de México mostraba una base muy amplia y una cúspide angosta; es decir, la población joven era mayoritaria respecto de las personas adultas mayores; mientras que actualmente, hay más personas mayores de 60 años que menores de 4, y para 2050, las mujeres de 60 años y más representarán el 23.3% de la población total femenina y los hombres el 19.5% de la población total masculina.
Por otra parte, se señala que tradicionalmente las investigaciones sobre violencia y maltrato familiar han estado enfocadas principalmente a los infantes y las mujeres; mientras que la investigación y las políticas públicas relacionadas con las personas mayores están relacionadas principalmente con problemas de salud derivados de la edad avanzada.
De ahí que en nuestro país, el estudio de los distintos tipos de maltrato debe considerar una serie de factores, entre los que se incluyen el género, la pertenencia étnica, la pobreza, la migración, además de las cuestiones demográficas, último factor éste que es importante para identificar las zonas o regiones donde se debe poner especial atención; es decir, se debe considerar que la transición demográfica en nuestro país se vive de forma diferente en cada estado.