Desde el viernes anterior hemos leído y escuchado declaraciones de legisladores, gobernadores afines al proyecto de la 4T y a secretarios de estado que han manifestado su condena contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por posponer etapas del proceso de la constitucional consulta para revocación de mandato.
Este abultado número de críticas al INE solo nos hace ver que, como es costumbre, estos personajes están bajo la regla de la obediencia ciega y sin mediar razón alguna se lanzan contra el Instituto que, a través de su función, otorgo el triunfo de su principal líder en los pasados comicios presidenciales y lo señalo como el triunfador para desempeñar el cargo, que aún no lo ha logrado realizar de manera completa.
Se ha iniciado de manera formal el concilio para señalar que el actual Consejo del INE actúa con tintes políticos, principalmente influenciados por la oposición, y que esto daña a la democracia mexicana, porque nadie puede pensar distinto al presidente, porque entonces se convierte en un oponente que se debe destruir sí o sí.
La consigna es ensuciar la certidumbre de la gente hacia el INE y mostrarlo como uno de los últimos reductos de una negociación política que copto conciencias para mantenerse en el poder por varios años y a costa del crecimiento de la pobreza en el país.
Fue el presidente de la cámara de diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que sin consultar a sus pares manifestó presentará ante la Corte un recurso de queja porque esta decida que la decisión del Consejo General del INE violenta una resolución de la misma Corte
Después fue el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco, manifestó que el INE miente al señalar que no cuenta con los recursos financieros para llevar a cabo en tiempo y forma el proceso de revocación.
Posteriormente los gobernadores emanados de Morena y aliados manifestaron que la decisión del INE atenta contra los derechos constitucionales por lo que pidieron a los consejeros electorales reconsiderar la determinación.
Esto solo indica que es mejor destruir que construir y un Instituto que ha logrado sobrevivir por varios años, ahora deberá ser destruido porque no comulga con la forma de hacer democracia con quien ostenta el poder.
Es necesario destruirlo para construir uno nuevo con gente que nuevamente se mueva en el mismo sentido, como lo hacía antes, y no es de dudar que sus funciones sean supervisadas nuevamente por el secretario de gobernación en funciones, que solo replicara los designios del presidente.
Pero esto deberá esperar hasta que se presente y apruebe una reforma en este sentido, mientras tanto se busca sacar el mejor provecho político de las mismas deficiencias que nuestros legisladores dejan al no realizar leyes de manera concreta y analizadas.