NUMERO CERO/ EXCELSIOR
El estado de salud del Presidente es un asunto de interés público, porque atañe a las condiciones para ejercer sus responsabilidades de gobierno. En otros países, cuando privilegiaron la intimidad de un mandatario el resultado fue funesto. Pero en el caso de la filtración de información médica de López Obrador lo más grave no es este tema, sino el hecho de estar ante el mayor ciberataque contra su gobierno y la Sedena en el sexenio.
El hackeo de archivos de la Sedena es la mayor vulneración a la seguridad digital del Ejército en su historia, exhibe fallas del Estado para proteger información sensible de una institución que hoy ocupa un lugar central en el gobierno. Éste ha tratado de desestimar el nivel y el impacto del ciberataque, pero sin poder desaparecer el peso simbólico y la trascendencia de una acción dirigida contra su principal aliado y pieza clave en casi todas las áreas importantes de la administración.
Por lo que puede apreciarse, el objetivo es develar información que demuestra el involucramiento del Ejército en su equipo más cercano, en el círculo íntimo y hasta en la intimidad de su salud. Lo más relevante de la filtración no es sólo lo que arroja sobre el estado físico, aunque aporte elementos para pensar que es más frágil de lo que oficialmente quisiera aceptarse. Sus males cardiacos son de dominio público, aunque se desconocía el riesgo de infarto en enero pasado, cuando los militares lo trasladaron al hospital militar. López Obrador confirmó la información y reveló que también está enfermo de hipertensión, hipotiroidismo y gota, alegando que la vida pública “debe ser cada vez más pública”.
Pero no es el tema de la salud lo que pretenden hacer más público los hacktivistas, sino su relación con los militares, cuando se debate un proyecto que trasciende a su gobierno para garantizar la permanencia del Ejército en seguridad pública hasta 2028. Ése es el contexto de la sustracción de millones de archivos en 6 terabytes con fotos y videos clasificados del Ejército, lo que explica la tentativa presidencial por minimizarla. El ataque abre un nuevo capítulo de una acción violenta para causar daño al gobierno no sólo revelando datos personales, sino mostrando la intimidad con el Ejército. La fuga masiva de información anuncia una campaña de desprestigio que pone en otra situación el último tramo de la administración y la sucesión.
La cantidad de archivos confidenciales que se promete descubrir busca desacreditarlo, aunque las formas ilegales de la filtración se quieran justificar en el derecho a saber sobre su estado de salud o descubrir mentiras del gobierno. Aquí no hay una cruzada por las libertades, tampoco debe creerse que es un asunto de amarillismo para saciar una curiosidad morbosa. Por supuesto, el gobierno está obligado a actuar con transparencia y publicitar sus acciones como condición democrática y de justicia, pero si hay otros poderes involucrados tampoco escapan de la publicidad de sus actos cuando son públicos y resultan nocivos al actuar en secreto o espaldas de la gente.
Este es el problema de la filtración, que se ha atribuido al grupo de hacktivista llamado Guacamaya, aunque tampoco se pueda descartar que sea algo interno. En una extraña coincidencia, la divulgación de los correos ocurrió el día que los militares enfrentaban duros cuestionamientos de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa por obstaculizar la investigación. A este grupo se le relaciona con operaciones en Colombia, Guatemala, El Salvador y Chile, donde la revelación de correos electrónicos sobre las fuerzas armadas provocó la renuncia del jefe del Estado Mayor en septiembre pasado.
Nada indica que aquí el Ejército vaya a rendir cuentas por la filtración, que se exculpa en que los hackers habrían aprovechado cambios en los sistemas de información para penetrar los archivos. La información revelada, hasta ahora, no afecta al Ejército ni tampoco la relacionada con el Presidente, aunque el tema de salud puede generar dudas sobre su desempeño.
Pero el mero ataque es suficiente para impactar en las posiciones de las fuerzas políticas y en los aspirantes a la sucesión por abrir dudas de que no pudiera terminar su sexenio. En cualquier caso, la campaña por desacreditarlo apenas comienza.