Número cero/EXCELSIOR
Las recientes detenciones de operadores clave del huachicol fiscal parecen golpes decisivos para desmantelar la mayor red criminal del negocio en el país. Sin embargo, perderán fuerza si las pesquisas no aportan una prueba esencial: la declaración del exsecretario Ojeda, necesaria para seguir la huella del combustible y saber hasta dónde están implicados la Marina y altos funcionarios civiles.
Las capturas del Capitan Sol, Miguel Ángel Solano e Iván Cazarín Molina, El Tanque, acaparan titulares y dominan la conversación pública por el papel que la Fiscalía les atribuye en el negocio. Solano es señalado como enlace entre empresarios y altos funcionarios; Cazarín, como operador del CJNG en el robo y contrabando de hidrocarburos. Sobre ambos recae la expectativa de corroborar testimonios que apuntan hacia otros integrantes de la red y establecer la conexión con los hermanos Olán y de Andy López Beltrán con el huachicol fiscal y el crimen organizado denunciados por los medios. La preparación del juicio ha cobrado especial atención tras el retiro de la visa estadunidense a López Beltrán y la solicitud de Sheinbaum a la fiscalía de informar si investiga a Amílcar Olán. A ello se suma el desfalco acumulado, que algunas estimaciones sitúan en 147 mil millones de litros de combustible y un contrabando valuado en 1.6 billones de pesos.
Sus declaraciones se esperan como la “prueba reina” para reconstruir la estructura, los contactos y rutas del negocio. Según la fiscalía, son los últimos integrantes de la organización de Los Primos que faltaban por capturar. El apodo alude a los marinos de mayor rango detenidos por el caso: los hermanos Farías Laguna, promovidos dentro del estamento militar por su tío, José Rafael Ojeda Durán, extitular de la Semar. La investigación se originó con el aseguramiento del Challenge Procyon en Tampico. Las autoridades decomisaron oficialmente 10 millones de litros de diésel, aunque pesquisas posteriores indican que parte del combustible fue descargada antes del operativo y distribuida en distintos puntos del país.
Por eso el caso no se reduce al decomiso de un cargamento, sino que exige reconstruir toda la cadena: quién introdujo el combustible de EU, autorizó su ingreso, lo recibió y distribuyó, obtuvo ganancias y facilitó la operación desde el servicio público. En ese contexto, el testimonio de Ojeda —quien, según el exfiscal Gertz, alertó sobre el problema durante su gestión— es clave para esclarecer los hechos, detectar contradicciones y rastrear el combustible en un delito extendido por el país que perjudica gravemente las finanzas públicas. En esa reconstrucción destaca una ausencia: la del exsecretario Ojeda. De forma inusual, la autoridad afirma que no ha podido “localizarlo”, aunque la defensa de sus sobrinos Farías Laguna solicitó su comparecencia hace un año. La omisión es grave porque podría vulnerar el principio de inmediación, que exige al juez mantener contacto directo con las partes, los testigos y los peritos en el desahogo de pruebas en el juicio.
Los testimonios del Capitán Sol y El Tanque pueden ampliar el mapa criminal; el de Ojeda, la respuesta institucional ante una operación que penetró estructuras vinculadas con aduanas, puertos y personal naval. Combatir las redes de contrabando y rastrear el hidrocarburo son dos caras del mismo problema: la capacidad del Estado para seguir la ruta de un negocio que enlaza importadores, empresas, transportistas, aduanas, funcionarios, y desarticular organizaciones criminales. El problema se evidenció con el estrambótico anuncio del aseguramiento de 59 millones de litros en Guanajuato, que después resultó una pifia de la fiscalía. Aun así, la trazabilidad del combustible es crucial para combatir el contrabando en todo el país y recuperar ingresos mermados por este delito.
Ése es el verdadero desafío de la investigación. No basta con detener operadores visibles ni obtener confesiones para sostener una acusación: hay que seguir tanto la ruta del combustible como la de la protección institucional que permitió su traslado. Tras la captura, la pregunta inevitable es quién falta por hablar. El Capitán Sol puede explicar cómo operaba la red y la protección criminal que se señala en los medios a los hermanos Olán. Pero Ojeda tiene que explicar qué sabía el Estado. Sin esa segunda pieza, se corre el riesgo de reconstruir el crimen sin esclarecer la responsabilidad institucional. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
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