NÚNERO CERO/ EXCELSIOR
El contrabando de combustible es como esos espectros malvados que promueven la corrupción y la malicia hasta revelarse el estratosférico daño autoinfligido a las arcas del Estado. El negocio ilegal crece en las fronteras y coloca a Claudia Sheinbaum en aprietos, por su inocultable relación con Pemex y sus ramificaciones a la política en alianzas inaceptables, como las que denuncia Trump. Por el daño a sus haciendas y la fuga de recursos al crimen, el huachicol fiscal se ha convertido en prioridad común de Sheinbaum y Trump dentro de la persecución más amplia de los cárteles de droga. Sería suicida no compartir ese objetivo de seguridad, de entrada, por el hoyo al erario, y en segunda, por el financiamiento del crimen a la política; aunque destapar la cloaca deje un reguero de salpicaduras y amenace en particular a varios políticos y gobernadores de Morena.
Pero el caso es que Trump y Sheinbaum pactan contra el mismo enemigo, incluso a pesar de implicaciones y amenazas veladas a la narcopolítica con la supuesta elaboración del gobierno de EU de una lista “negra” de restricciones diplomáticas a líderes partidistas, gobernadores y del gobierno de López Obrador; y sin dejar de lado la espinosa relación bilateral en seguridad por las pretensiones de intervención militar estadunidense, que sólo conseguiría exacerbar la violencia.
El llamado huachicol fiscal es una modalidad de contrabando de gasolina a gran escala diferente al robo de combustible en los ductos, que combatió López Obrador al llegar al gobierno y declaró extinto tras una espectacular cruzada. Si bien no es ni nuevo ni ido, la dimensión de su espectro se ha extendido y evolucionado en una operación muy compleja y de alta tecnología, sin la cual no podría entenderse el paso fantasmal de buques con millones de litros de combustible a ambos lados de la frontera. La intercepción de embarcaciones a últimas fechas en Baja California y Tamaulipas con más de 18 millones de litros de gasolina son un pálido reflejo de las redes que protegen la importación con registros falsificados para ahorrarse impuestos, manejo, almacenamiento y distribución. La nueva modalidad exige involucrar a responsables de aduanas, agentes de seguridad civiles y militares, empresas trasnacionales y Pemex; y esto es aún más claro con “golpes” sin casi detenciones, que se pierden detrás del fantasma del narco en las amplias coberturas mediáticas en EU y México.
Incluso, de cargamentos asegurados que desaparecen, como recientemente sucedió a la Marina con uno de 10 millones de litros de gasolina, lo cual refuerza la narrativa de Trump sobre la capacidad “todopoderosa” del narco. La evolución del negocio se asocia al empresario tamaulipeco Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, que armó una infraestructura de pipas y camiones para el contrabando de gasolina y su aparente relación con políticos de Morena. Carmona fue ejecutado en 2021 en Monterrey cuando al parecer comenzaba a hablar con la DEA, mientras que su hermano Julio, exresponsable de la aduana de Reynosa, huyó a EU; a partir de ahí se desveló una red de cuentas secretas en paraísos fiscales que, según una investigación de Código Magenta, estarían destinadas a apoyar elecciones de candidatos de Morena.
La prioridad contra el huachicol para EU es clara: evitar el saqueo de sus arcas y cortar el dinero a los cárteles; sus capos están en la red de “narcoterroristas”, como prueba está la declaración de dos de ellos como los primeros clasificados en esa denominación; y también con ese mensaje se interpreta el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California. Pero la presión puede ser una oportunidad para Sheinbaum, si no es que no forma parte ya de un acuerdo de respaldo con Trump para enfrentar la inestabilidad y resistencias de los afectados del negocio dentro y fuera de su partido.
Por lo pronto, desde la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro declara ir con todo contra el huachicol e indagar su operación en Pemex, en un momento delicado financieramente en la paraestatal. Precisamente por eso, Sheinbaum no puede permitirse un harakiri que se llega a estimar en 100 mil mdp al año por el desentrañamiento del cuchillo afilado de las redes del huachicol, y menos que estos recursos vayan a políticos que los usen para imponérsele o fortalezcan al narco.
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