Ya sabemos cómo empezó.
Pero nadie, tal vez ni dentro del poder, sabe hasta dónde llegarán las investigaciones en curso a raíz del huachicol fiscal.
Porque las pistas se han convertido en una hidra con múltiples pies y multitud de cabezas dentro y fuera del país.
Lo primero es saber de dónde provienen el diésel, las gasolinas y otros petrolíferos introducidos ilegalmente a México.
Por tierra y por mar.
No de ahora, sino desde hace mucho tiempo, muy a pesar del repetitivo discurso de Andrés Manuel López Obrador en doble vía.
En primer lugar, su palabra de haber acabado con el robo y comercialización de todos esos productos derivados del petróleo.
No nada más se multiplicó durante su sexenio con la extracción de los ductos de Pemex, sino que se extendió al contrabando en gran escala.
Y no sólo de criminales particulares a veces aliados con autoridades nacionales, sino prohijado desde el poder y en concreto de las instituciones encargadas de frenar esas compras.
COORDINACIÓN CON EU
El otro tema es la venta en todo el territorio.
Porque todos esos productos llegan con eficiencia “a todos los rincones del país”, como dice el comercial público relativo a la distribución de medicamentos.
Es decir, cómo transitaban por la red carretera y vías de ferrocarril multitud de tractocamiones, pipas y otros medios de transportes con grandes volúmenes de gasolinas, diésel y aceites hasta las gasolineras del norte, del centro y del sur.
Hasta ahí se extiende está la gran red criminal y corresponderá a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero dar con todos los responsables si, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no habrá impunidad y se actuará “tope donde tope”.
Cierto, gran parte de la carga de las indagatorias recae en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al frente del gabinete sectorial.
Aquí cabe una acotación: ayer informábamos sobre pesquisas paralelas en Estados Unidos para evitar evasiones fiscales y robos en su territorio.
Pues bien, el operativo sería incompleto si no hay coordinación binacional al amparo del reciente acuerdo firmado en Palacio Nacional con el secretario de Estado, Marco Rubio.
RADARES SIN OPERAR
1.- Hay datos nuevos en este caso.
La organización de la banda criminal les permitía inclusive hacerse de la red de radares encargados de vigilar la transportación marítima.
Es decir, los barcos llegados a Ensenada y Tampico con millones de litros -ocho en el primer caso, diez en el segundo- en teoría no fueron vigilados en tiempo real.
¿Quién tiene la capacidad suficiente para operar de esa manera?
Es una deuda informativa no nada más de las autoridades mexicanas, sino también de las estadounidenses.
Y 2.- En lo interno, como decíamos arriba, también hay subgrupos dedicados a la extorsión para someter a los gasolineros para obligarlos a vender diésel y gasolinas indocumentados.
El dato es importante porque entre los empresarios gasolineros destacan políticos de alto nivel, antaño aliados con priistas y panistas y ahora con morenistas.
Y algo más: Hacienda, el SAT y Profeco, para no citar más, están obligadas a exigir documentos de compra para conocer proveedores y facturas a consumidores.
Una pista está inclusive en grupos regionales como Guanajuato, donde operan Los Guanajuatenses y Grupo Monterrey, pero también de donde son originarios Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero.
Exprocurador y actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia supervisora de gasolineros.
@urenajose1Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y responsabilidad absoluta de los autores