Amparadas con el principio de la igualdad salarial, tres nuevas consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) buscan violar la Ley de Austeridad, al igual que lo hacen otros tres de sus homólogos, con la finalidad de percibir un salario mayor incluso al de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
El pasado 4 de noviembre, el Tribunal Electoral local recibió una demanda firmada por las consejeras María de los Ángeles Gil Sánchez, Maira Melisa Guerra Pulido y Cecilia Aída Hernández Cruz en contra de un acuerdo de la Junta Administrativa que fija su sueldo mensual neto en 87 mil 821.02 pesos, conforme a la Ley de Austeridad.
Su sueldo se complementa con 2 mil 200 pesos mensuales de vales de despensa, 14 mil 500 ese concepto para fin de año, 500 pesos de vales para un pavo, así como aguinaldo de 40 días de salario bruto y prima vacacional equivalente a 30 por ciento de su sueldo neto.
Sin embargo, consideraron que dicho acuerdo viola el principio de igualdad salarial, pues otros tres consejeros –Erika Estrada, Sonia Pérez y Ernesto Ramos, quienes en su momento también impugnaron dicha percepción por una mayor–, perciben una remuneración neta de 135 mil 779.36 pesos mensuales.
Esta cifra contrasta con el salario neto de Sheinbaum, quien devenga 133 mil 332.97 pesos mensuales, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública.
La presidenta del IECM, Patricia Avendaño, es la única que se ha ajustado al nuevo tabulador, por lo que su salario es de 87 mil pesos mensuales netos.
Las consejeras solicitaron que en cualquier documento, acuerdo o resolución con motivo de la demanda se borren los datos personales como nombres y apellidos para evitar su identificación; asimismo, se solicitó el retiro del juicio de los estrados para que no pudiera ser consultado de manera pública.
En su demanda firmada el 29 de octubre, las consejeras refieren que la Junta Administrativa viola los principios de igualdad jurídica y salarial, autonomía e independencia, pues el hecho de ganar menos que tres de sus compañeros vulnera su “derecho a recibir un pago idéntico al de ellos, lo que sería idóneo para respetar nuestro derecho a ejercer el cargo en condiciones de igualdad de trato, como funcionarias con la misma calidad.
“La existencia de consejerías electorales que reciben un trato o remuneración de primera y otros de segunda evidentemente afecta el valor de la dignidad, en su lugar, debe prevalecer una interpretación que reconozca nuestro derecho a una remuneración justa”.
Con información del periódico La Jornada