>> En Culiacán, Sinaloa, diputados federales y locales, senador, gobernador y magistrado local exponen sus posturas
>> A partir de mañana se empezará a elaborar el documento: diputado Robledo Ruiz
Con el tema “Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”, este jueves, la Cámara de Diputados realizó en Culiacán, Sinaloa, el noveno y último foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, enviadas por el Ejecutivo Federal.
En las instalaciones del Congreso del estado de Sinaloa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado de morena Juan Ramiro Robledo Ruiz, expresó que el tema que hoy se discute y que enmarca toda la discusión del sistema de justicia en México, es fundamental para entender lo que se pretende hacer para empezar a “cambiar pronto y radicalmente los criterios judiciales y los criterios con que se imparte justicia en el país”.
Sugirió que el artículo primero constitucional, que instituye el valor de los derechos humanos como columna vertebral de una nueva Constitución en México y de una nueva forma de actuar por parte de todas las autoridades del Estado mexicano, “hay que cuidarlo y conservarlo”, pero se tienen que ajustar dos cosas: que el control de los actos de las autoridades se concentre en una nueva Suprema Corte de Justicia que hoy está distribuida de manera desordenada en todos los jueces del país y que en ocasiones se contradicen.
Los derechos humanos, reconoció, son importantes, pero no es lo único que puede atender el Estado y gobierno, “hay valores igualmente importantes, socialmente ineludibles, como el de la paz social que se consigue dando seguridad pública al país”. Además, los jueces tienen que asumirse corresponsables al momento de actuar y resolver la seguridad pública del país, lo cual se tiene que inscribir muy pronto en la Carta Magna. “Se tiene que devolver la función reintegradora de la paz pública a los jueces del país”.
Afirmó que lo que se quiere es que haya un relevo con otro método de elección de la judicatura en México para que cambien los criterios sociales. En este foro y con el tema que hoy se discute, añadió, “nos puede quedar muy claro cómo son muy disolubles esas tres tareas: procurar la justicia, impartir la justicia y conseguir con ello, entre otras cosas, la seguridad pública para los y las mexicanas”.
Anunció que a partir del día 15 de agosto, quizás un día o dos después, se podrá tener un documento que se circule para que, siguiendo el procedimiento constitucional, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales lo lean, estudien, formen opinión, se armen de argumentos y luego en pocos días más “nos convoquemos a discutirlo, hasta que encontremos las mejores razones para reformar la Constitución en este tema para bien de México”.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, recordó que seis de los ocho foros estaban directamente vinculados con los 16 artículos que se pretenden reformar de la Constitución Política en materia del Poder Judicial, pero se incluyeron dos temas fundamentales para una revisión integral y puntual de todo el sistema de procuración e impartición de justicia y su componente de seguridad pública, así como la defensoría de oficio.
Indicó que de los más de dos millones y medio de temas y asuntos que se ventilan por diferentes razones en el Poder Judicial, el 72 por ciento son atendidos por un defensor de oficio, con sueldos malos, con falta de articulación, y cada uno de los defensores de oficio ve más de 800 asuntos. “Por eso tocamos estos temas, que son una triada que garantice efectivamente las garantías que establece la Constitución, para contar con una justicia pronta, expedita y gratuita”.
Mier Velazco precisó que la propuesta del Ejecutivo Federal presentada en febrero, es una iniciativa de gran calado, y el plan C de su movimiento tiene, como punta de lanza, la reforma a Poder Judicial. “Estamos cumpliendo un mandato que nos dio el pueblo de México. Somos mayoría, pero creemos en la democracia, la cual se sustenta en el diálogo y en la tolerancia; por ello, estamos escuchando todas las voces”.
Estos diálogos, afirmó, son para mejorar y garantizar un dictamen que está trabajando de manera acertada la Comisión de Puntos Constitucionales. Hoy, “puedo decir que, en los próximos días, en un ejercicio de transparencia con el pueblo de México, vamos a empezar a perfilar lo que se ha venido confeccionando en los foros. Tenemos que encontrar por el bien del país, en tolerancia, democracia y en el ejercicio dialéctico, un dictamen que dé respuestas, para que haya una total y auténtica autonomía del Poder Judicial, independencia de cualquier poder fáctico y haya justicia pronta, gratuita y expedita”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, puntualizó que es ineludible abordar este tema que no está incluido en la iniciativa presidencial porque no puede haber una modificación profunda al sistema de justicia sin la procuración y sin la seguridad pública.
La justicia, destacó, debe ser vista como un pilar en donde se edifique el respeto a la ley y la equidad de la sociedad; por su parte, la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno, porque ambos rubros presentan un déficit y desafíos importantes.
Afirmó que, como función del Estado, la seguridad pública es el medio idóneo para la realización del valor supremo del derecho que es la seguridad en su concepción genérica hacia el Estado por medio de la coordinación de actividades como la prevención, persecución, sanción, salvaguarda.
Una de las casusas estructurales relacionadas con la impunidad y falta de justicia que ha padecido el país es la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento que existe entre la sociedad con las autoridades judiciales; por ello, la necesidad de revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los poderes de la Unión, asegurando transparencia y rendición de cuentas en la actuación de cada uno.
El magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, resaltó que estos diálogos han puesto a prueba el compromiso y el talante de los actores involucrados en velar por la impartición de justicia en el país. “No se trata de que todos estemos de acuerdo y menos en un tema tan complejo y digno de atención, lo valioso de estos ejercicios es haber construido un cauce institucional para escuchar las voces de los actores clave de la reforma en una lógica democrática”.
La gran valía de una reforma de estas características, dijo, es impulsar a todos los que integran el sistema de justicia, hablar de sí mismos y evaluar con un sentido autocrítico, cuáles son los temas que deben componer la agenda que fortalezca el sistema de justicia nacional.
Manifestó que son muchos los temas que incluye la reforma constitucional, pero ha marcado la atención la incorporación de un mecanismo de voto directo para la designación de magistrados y jueces. Afirmó que sí es posible consolidar perfiles técnicamente aptos y fortalecer su presencia ante la ciudadanía con el manto de legitimidad que brinda el voto directo.
Aseguró que no debe ser una cuestión a la que deba temer la comunidad judicial, no se está liberando la cuestión relativa a quitar criterios de profesionalidad; el incorporar algún tipo de voto directo no tiene por qué entenderse en otro sentido distinto que es el de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial. “Es un mecanismo que le sirve al sistema de justicia porque alienta la confianza ciudadana, compromete a la persona juzgadora y empodera al pueblo porque es quien pone y quita”.
