La diputada federal de MC, Anayeli Muñoz Moreno propone reformar el artículo 4º de la Constitución Política, a fin de establecer que las hijas e hijos de mujeres víctimas del delito de feminicidio tienen derecho a recibir, de manera oportuna y sin discriminación, un apoyo económico para la satisfacción de sus necesidades básicas y la continuidad de su desarrollo integral.
Agrega que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, garantizará este derecho con perspectiva de género y con estricto apego al principio del interés superior de la niñez, mediante mecanismos de coordinación interinstitucional que aseguren el acceso a dicho apoyo, así como a medidas complementarias de protección, atención y reparación integral para las víctimas indirectas, en los términos que establezca la ley.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, expone que el feminicidio es la manifestación de una problemática estructural que afecta profundamente el tejido social, cuyo impacto trasciende a la víctima directa y se proyecta hacia su entorno inmediato, generando consecuencias particularmente graves para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad.
También, que la pérdida violenta de la madre por feminicidio compromete directamente derechos humanos de la niñez, tales como al cuidado, alimentación, salud, educación y a un desarrollo armónico e integral.
Resalta que las infancias y adolescencias afectadas por el lamentable fenómeno del feminicidio requieren una respuesta integral del Estado, que no se limite a medidas simbólicas o aisladas, sino que garantice condiciones reales para su desarrollo, por lo que un apoyo económico específico contribuiría a reducir el riesgo de nuevas violencias, explotación, trabajo infantil o deserción escolar.
La diputada Muñoz Moreno señala que tras un feminicidio, con frecuencia la tutela y crianza recae en familiares de la víctima, quienes asumen responsabilidades de manutención, acompañamiento emocional, gestión escolar y atención sanitaria, pero, sin un apoyo económico, estas redes de cuidado enfrentan una sobrecarga que puede traducirse en endeudamiento, empobrecimiento y estrés, afectando la calidad del cuidado y el desarrollo integral de la niñez.
Menciona que esta iniciativa responde a una necesidad urgente de justicia social y de cumplimiento de obligaciones constitucionales e internacionales en materia de atención a la violencia de género y protección integral de las infancias, y garantizar un apoyo económico a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio no es solo una medida de política pública, sino un imperativo jurídico derivado del reconocimiento de los derechos humanos.
Constitucionalizar este derecho implica reconocer que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y garantizar que la violencia feminicida no determine el futuro de niñas, niños y adolescentes, enfatiza.
Puntualiza que esta reforma representa un paso fundamental hacia la construcción de un Estado que no solo sanciona la violencia, sino que también repara sus efectos y garantiza condiciones de vida digna para todas las personas.