· Aseguró que la participación de las mujeres indígenas y de los pueblos originarios en procesos electorales es tan relevante como la de cualquier otro grupo que forma parte del padrón electoral.
Es indispensable que las juezas y los jueces impartan una justicia intercultural para garantizar la legitimidad democrática de los pueblos originarios, es decir, establecer una progresividad de los derechos electorales y garantizar la legitimidad de las comunidades indígenas al maximizar su autonomía y proteger sus derechos político-electorales, afirmó la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis.
Durante su participación en el Foro “Legitimidad democrática en los pueblos y comunidades indígenas en tiempos de pandemia”, la magistrada Otálora Malassis, señaló que con esa perspectiva lo que se logra es reconocer la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, previsto en el artículo segundo de la Constitución Política mexicana y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México.
Puntualizó que es necesario reconocer la existencia de otras tradiciones normativas, pero también importante, agregó, el que “los tribunales reinterpretemos las normas electorales vigentes en armonía en el contexto de las y los justiciable, es decir, que tratándose de poblaciones originarias es fundamental no analizar el caso únicamente en el sentido literal de las normas, sino tenemos que hacernos de los materiales necesarios que permitan lograr que una norma que resulta justa en un contexto, no se convierta en una norma injusta en otro contexto”.
En el evento en el que participaron magistradas, magistrados y consejeras electorales, así como legisladoras, y que se llevó a cabo de forma presencial y virtual, aseguró que la participación de las mujeres indígenas y en general, de los pueblos originarios en procesos electorales es tan relevante como la de cualquier otro grupo que forma parte del padrón electoral. Por ello, dijo, es fundamental que no exista un electorado de primera clase y uno de segunda, ya que justamente en una elección todos los votos deben valer lo mismo.
Al señalar que la administración de justicia electoral debe preponderar la obligación constitucional de respetar los sistemas normativos tradicionales y el enfoque intercultural que tiene que ser el fundamento de cualquier determinación, destacó que se debe reconocer que los sistemas normativos tradicionales han demostrado una capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y circunstancias electorales del país.
La magistrada resaltó que los pueblos y comunidades indígenas han luchado y resistido para conservar su autonomía, tema que ha sido atendido por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de seguir contribuyendo a la protección y al fortalecimiento de sus derechos en aras de la legitimidad de todo el sistema democrático mexicano.
Previo a su intervención, la magistrada Janine Otálora Malassis inauguró las actividades del Foro, cuyo objetivo es el de propiciar un espacio de diálogo entre integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, en el marco del pasado proceso electoral 2020-2021.