ESTIRA Y AFLOJA
Hoy la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados prevé aprobar la ideológica iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin mayores cambios. Será el banderazo para que los empresarios empiecen a instrumentar un esquema de defensa legal inédito en el país y con repercusiones internacionales en varios frentes.
Los productores privados buscarán amparo ante la SCJN con la confianza de que ganarán; analizarán la protección de inversiones del T-MEC y dentro de los acuerdos bilaterales existentes con España, Japón, Italia y demás países que arriesgaron capitales en México, además de recurrir a la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, para hacer respetar los convenios que tienen los productores independientes de energía.
Muchas multinacionales que verán afectada su cadena productiva por mayores costos de la luz, también buscarán protección legal. Muchas de esas acciones no pasarán por la justicia mexicana, lo que complica la posible defensa del gobierno mexicano; el costo económico y político será muy alto con posibles repercusiones en el tipo de cambio, en mayores precios de todo tipo de productos con daño directo al consumidor, más inflación y más riesgo crediticio soberano.
Las estimaciones más recientes señalan que hay 44 mil millones de dólares invertidos por privados en el sector eléctrico. Los daños a industrias que buscaron más competitividad son incalculables, según varios empresarios y abogados consultados sobre el tema.
Para Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Wilson Center, los proyectos privados en electricidad tienen costos más bajos que las plantas de CFE: “Los costos de generación en plantas de ciclo combinado de CFE son 35 por ciento más altos que las plantas privadas, y los proyectos de subastas de renovables a largo plazo son 30 por ciento menores que el combustible para las plantas de ciclo combinado. El efecto más directo de proteger la CFE será aumentar los costos para todo el sistema y, por lo tanto, la necesidad de elevar las tarifas o los subsidios”.
Cuarto de junto
IEnova, la firma de infraestructura energética comandada por Tania Ortiz Mena, reportó que en un desafiante entorno logró por primera vez una UAIDA ajustada anual por arriba de los mil millones de dólares, e hizo historia al participar en el Plan Nacional de Infraestructura del Gobierno Federal con el desarrollo de su nueva planta de licuefacción de gas natural en Baja California. Es la primera planta en su tipo en la costa del Pacífico en Norteamérica que desarrolla de la mano con su matriz Sempra y de Total, con una inversión de 2 mil millones de dólares, la más grande realizada en Ensenada y que posicionará a México en el mercado de gas natural licuado a escala global.
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