NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
El gobierno de López Obrador enfrenta al enemigo que más puede temer por el efecto de minar sus bases electorales. El viejo fantasma de la inflación que erosionó la hegemonía del PRI en los 80 y 90 del siglo pasado está de regreso. La presentación de un plan antiinflación constata claramente su preocupación y la gran duda es si servirá para evitar que la carestía se desboque antes de que el malestar se refleje en su aprobación y popularidad.
El brote ha sido mayor al esperado, a pesar de medidas para frenarlo con el subsidio a la luz y a la gasolina. La inflación tiene un componente emocional importante y, por tanto, de expectativas. El primer objetivo de su plan es enviar el mensaje de que el gobierno toma cartas frente a la carestía, aunque tenga un impacto reducido ante un problema global.
Si bien dos o tres generaciones de mexicanos no recuerden la época de la hiperinflación en el gobierno de Miguel de la Madrid, el mayor riesgo es percibir descontrol en su golpe al bolsillo y al salario.
En la presentación del plan esta semana, junto con las cámaras empresariales, el Presidente reconoció su particular inquietud por el impacto de este impuesto regresivo sobre los trabajadores de más bajos ingresos, que podría cerrar el año con un aumento de dos dígitos si no se detiene. El paquete consiste en un acuerdo con las empresas para mantener el precio de 24 productos de la canasta básica y apoyo para aumentar la producción de granos, aunque el país es altamente dependiente del exterior.
El pacto recuerda al de Solidaridad económica de los años 80 y los 90 contra la inflación, aunque sin medidas draconianas que precipitaron el debilitamiento del Estado y la salida del PRI del poder, como una fuertísima contención salarial, que desactivaría el esfuerzo de su gobierno por recuperar el poder adquisitivo. Esto es lo que quiere evitar el gobierno de la 4T con un plan más suave que descanse en acuerdos con empresarios y productores, no obstante, el temor de que impliquen un control disfrazado de precios y no contenga presiones salariales.
La amenaza de que la carestía salga de control ha llevado al gobierno a buscar el apoyo de los empresarios, con los que ha mantenido una relación difícil y ríspida a lo largo del sexenio. Algunas grandes compañías, como Bimbo o Telcel, han ofrecido participar, aunque el gobierno presiona para que recorten sus márgenes de ganancias, que son más altos que en otros países, sin compromisos explícitos sobre la presión salarial. La concertación fue clave del éxito de los anteriores pactos antiinflación, aunque con un elevado costo en el poder de los salarios, que se reflejó en la baja del respaldo político a esos gobiernos.
Por esa razón López Obrador hoy le teme más a la inflación que a la oposición, en un momento en que las elecciones en siete estados y la sucesión definirán el futuro de la 4T. Como advirtió el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, la inflación puede escalar hasta 10% en 2022, su mayor nivel en dos décadas, cuando se produjo la alternancia en la Presidencia. El cuadro económico se descompone porque los subsidios y apoyos pueden afectar la inversión en infraestructura, las finanzas públicas y menor crecimiento con tasas de interés más altas.
Sin embargo, un dato positivo para el plan es la participación de grandes empresas tras casi tres años de enfriamiento en la colaboración y sucesivos fracasos de planes de inversión en infraestructura. Aunque no queda claro qué porcentaje están dispuestos a absorber del aumento de los precios, su respaldo evita el mensaje de brazos cruzados que han mantenido en el choque con el gobierno.
En cambio, de las mayores incógnitas es la situación del campo por la falta de apoyos y la operación de programas de precios de garantía en maíz y frijol, a cargo de Segalmex, donde hay denuncias de fraudes millonarios. La remoción de su titular, Ignacio Ovalle, es sólo un indicador de las dificultades para que este sector pueda ser el ancla del plan de combate con la promesa de la autosuficiencia alimentaria para reducir precios.
Como problema económico, la inflación es uno de los mayores desafíos políticos del Presidente en los próximos dos años, cuando se definirá la suerte de la 4T.