La semana anterior señalaba que, ante la cortina de humo propuesta por Andrés Manuel López Obrador, que es la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, se estaba perdiendo de vista dos factores determinantes en el crecimiento económico de México, que son la inflación y el incremento en los precios de los productos.
En la más reciente entrega de datos por parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), empieza a darse una combinación entre una inflación alta, que no acaba de iniciar el proceso de retorno a los niveles que dicen aceptar los bancos centrales, y una desaceleración en el ritmo del rebote económico tras la crisis por el confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19.
En septiembre pasado, en México el nivel de inflación alcanzo el 7.09 por ciento al productor y el 6 por ciento para el consumidor, dejando una inflación anualizada por encima de del objetivo del banco central, es decir el doble de lo estimado para una inflación anual y aún falta el último trimestre del año, por lo que la inflación podría cerrar cerca del 6.5 por diento.
Los precios del petróleo en Estados Unidos alcanzaron el viernes pasado niveles superiores a 80 dólares por barril, un nivel no visto desde el 2014, mientras que la mezcla mexicana alcanzo los 76 dólares por barril, esto trae como consecuencia el incremento de los derivados y asociados como el gas LP, las gasolinas y diésel.
El Gas natural, acumula con esto ocho semanas de incrementos en su precio en Estados Unidos y se coloca 50 por ciento más caro que en julio pasado.
Esto a su vez repercute en el precio de los productos que necesariamente utilizan los derivados del petróleo para su generación, y distribución, lo que da como resultado una presión inflacionaria que diluye los ingresos salariales.
Pero también genera presión en las finanzas públicas del Estado mexicano que tendrá que utilizar mayores cantidades de recursos públicos para subsidiar el precio de los energéticos y con ello evitar que el precio de los productos siga elevándose.
Si a esto le añadimos que se ralentizo la creación de empleos porque las actividades productivas se han visto impedidas a abrir en su totalidad por la falta de insumos y sumamos que las advertencias de los expertos sanitarios que aseguran que no podemos dar por concluida la pandemia ante la falta de una vacunación extendida, el exceso de confianza de ciudadanos y autoridades y las posibles variantes de un virus que ha mostrado mucha efectividad para sobrevivir, el panorama mundial de crecimiento económico se hace difícil y en México también.
Es por ello que el gobierno federal mexicano deberá empezar a establecer políticas públicas encaminadas a fortalecer a los sectores productivos, a fortalecer la certidumbre entre los inversionistas para que inviertan en México y sobre todo a establecer políticas económicas y fiscales que permitan que los inversionistas vean a nuestro país como un nicho de oportunidades.
Aclaro que no significa laxar las leyes establecidas en México, sino adecuarlas para que bajo regímenes de regulación y leyes tributarias el estado mexicano pueda obtener recursos públicos que permitan seguir invirtiendo de manera eficiente en todos los sectores productivos para crear empleos y mejor calidad de vida para los mexicanos.
De lo contrario con la aprobación de una reforma constitucional en materia eléctrica no se logrará absolutamente nada, a favor de la población en general y solo se creará una empresa que puede convertirse en un elemento opaco y lleno de corrupción como sucedió hace varios años atrás y que sigue lastimando y deteniendo el desarrollo de este sector y del país en general.