Ha iniciado oficialmente el proceso electoral rumbo al 6 de junio de 2027 día en se celebrarán los comicios para elegir cerca de 20 mil puestos públicos de elección popular.
El problema ahora es mostrar que existen las condiciones suficientes para hablar de una consolidación democrática en el país, donde los actores principales estén fuera de toda duda sobre un sesgo político. Pero que también los partidos políticos que ofrezcan seguridad de que sus candidatos son personas totalmente probas y que no existe un indicio de ser cooptados por el crimen organizado o por otras organizaciones que pretenden seguir impulsando personajes para sacar provecho político. Como lo son organizaciones gremiales como los sindicatos.
Una democracia sólida es aquella que soporta todos los embates y ofrece al ciudadano que su voto es el que vale por encima de otros intereses.
Sin embargo, cuando la forma es fondo, nos muestra que en el INE están más preocupados por quedar bien con intereses muy distantes de los ciudadanos.
La presencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y aspirante a la candidatura para gobernar su estado natal San Luis Potosí, abrió la puerta para la especulación y de entrada el señalamiento que desde ese momento el INE estaba ya condicionando su operatividad.
Se argumenta que su presencia respondió a una invitación de cortesía que se realizó a los tres Poderes de la Unión como testigos de que esta apertura electoral sería respetada. Pero esto, ante la opinión pública solo representó todo lo contrario.
Se percibe que estaremos nuevamente ante una elección de Estado, donde el oficialismo hará uso de todas sus artimañas para mantener el poder. Y el INE solo queda como la herramienta a ser utilizada para validar esos resultados.
El problema ahora será garantizar la credibilidad y confianza de que el proceso electoral se lleve conforme a la ley, que no exista ningún interés particular o grupo por encima de la voluntad ciudadana y que ésta será el principal objetivo del INE.
Existe otro factor para determinar que el INE podrá realizar los comicios sin problema alguno y es el presupuesto que se ha calculado en 47 mil 700 millones de pesos, que ha sido ya cuestionado por Claudia Sheinbaum, lo que presupone que no será aprobado en su totalidad y será recortado.
Esto también marca un freno, porque el INE puede caer en problemas de logística, y operatividad. Y aunque se establece que el presupuesto se establece para hacer enfrente a procesos federales y locales, además de preparar los procesos judiciales y realizar una operación electoral de enormes dimensiones la critica de Sheinbaum Pardo no es adecuada.
Porque recortar esos recursos, repito será un problema. La austeridad no puede convertirse en mecanismo para debilitar capacidades esenciales como capacitación, instalación de casillas, fiscalización, padrón electoral y vigilancia de las campañas. Un árbitro sin dinero suficiente también puede convertirse en un árbitro vulnerable.
Esto último abre la oportunidad de que grupos criminales se metan a las campañas políticas y ocurran actos que no deben suceder como el asesinato a candidatos de oposición o que no están dentro de los intereses de esos grupos, como lo sucedido en las dos elecciones anteriores 2021 y 2024, donde hubo un numero importante de candidatos asesinados, algunos otros extorsionados y desaparecidos o fueron obligados a declinar su candidatura.
Esto ya ha sido reconocido por el INE y por ello ha r creado mecanismos para revisar candidaturas, pero existe una limitación fundamental: buena parte de la responsabilidad seguirá recayendo en los partidos.
Los partidos políticos deben también con lo que les corresponde y es evitar que la sospecha caiga en sus candidatos y que de ser así no los impongan sino los retire. Para hacer realidad de tener hombres y mujeres probas en los puestos públicos a favor del desarrollo político y social del país.
Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y responsabilidad absoluta de los autores