>< El coordinador parlamentario aseguró que en esta reforma es necesaria la participación de las madres buscadoras y las familias de las personas desaparecidas
>< Precisó que con la utilización de la CURP como biométrico universal de identificación se pretende establecer un “Big Brother” para vigilar a todos
>> Reconoció avances con la propuesta del Ejecutivo, pero señala que se requiere una reforma constitucional
La iniciativa del Ejecutivo Federal sobre desaparición de personas es insuficiente, tiene contenidos anacrónicos, no abre a la sociedad la discusión del tema ni hace partícipe a las madres y familias de las personas desaparecidas. Además, es inoperante porque no dispone de los presupuestos necesarios para que funcione, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
En conferencia de prensa, acompañado por legisladores de la bancada priista, el líder congresista señaló que la iniciativa aborda el tema de la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual pretenden se visualice como el único instrumento de identificación en este país.
“Nosotros pensamos que se quiere dejar de utilizar la credencial de elector con fotografía y esta CURP va a estar en manos de toda la información de la Secretaría de Seguridad, como dice la Ley Big Brother que está promoviendo el secretario Harfuch para vigilarnos a todos”, agregó.
Por ello, se pronunció porque la presidenta convoque a un diálogo nacional donde estén las familias de las personas desaparecidas, expertos internacionales, las entidades federativas, los partidos políticos y las dos Cámaras para que esto salga bien.
Nada puede ser a espaldas de las familias de buscadores, enfatizó, sentimos que esto es la respuesta insuficiente a la tragedia de Teuchitlán y de muchas que están sucediendo en el estado de Jalisco.
Lo anterior, al momento que presentó una gráfica de denominaciones clandestinas por municipio hasta el mes de febrero del estado de Jalisco, en donde se observan en Tlajomulco de Zúñiga, 75; Zapopan, 40; Tlaquepaque, 20; El Salto, 12; Guadalajara, 8; Tonalá, 7; Lagos de Moreno, 6; Ixtlahuacán de los Membrillos, 5; Chapala, 6; Juanacatlán, 2 y el resto, 1.
Expuso que para enfrentar esta crisis social, se requiere primero una reforma a la Constitución, donde en la elaboración de las leyes secundarias participen las madres buscadoras, las familias de las personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil que intervienen en esta actividad
El coordinador parlamentario del PRI indicó que también se tiene que invitar a expertos internacionales y nacionales a dialogar en esta modificación de ley y, de manera especial, que el proceso legislativo se realice a través de Conferencia, entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Destacó que la propuesta que presentó el Grupo Parlamentario del PRI en esta materia, propone que toda persona desaparecida tenga derecho a ser buscada, y quienes hayan sufrido un perjuicio directo, como consecuencia de una desaparición, sean sujetas a búsqueda.
Precisó que es una obligación la realización con la debida diligencia de todas las acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral, así como la recuperación o identificación forense de personas en forma digna, confiable y veraz.
Para ello, dijo el legislador coahuilense, la Comisión Nacional de Búsqueda será un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica de gestión y presupuesto suficiente para ejercer sus funciones y contará con el Centro de Identificación Humana y un Banco Nacional de Datos Forenses.