La filípica lanzada contra López Obrador por parte de 600 intelectuales opositores parece basarse en la idea de que el presidente de la República, el que sea, debe estar al margen del debate cotidiano y abstenerse de responder a los muy frecuentes ataques debido a su investidura.
La oposición ilustrada, como la otra, pide volver a la vieja hipocresía, cuando el jefe de Estado, jefe de gobierno y líder político no debía medirse directamente con sus críticos, sino mandar a otros en su lugar. Ahora se dice que aquellos usos y costumbres eran muy correctos porque las palabras del mandatario tienen, supuestamente, un significado diferente al de cualquier otra persona debido al poder que aquel ejerce. Entonces, se concluiría, lo que ahora debe hacer el presidente de la República es comprar la prensa y mandar a callar a sus peores (o mejores) críticos a través de actos ilícitos e inmorales. Así lo hicieron los presidentes durante décadas. Pero ese es precisamente el pasado que deber ser defenestrado.
El actual presidente sigue denunciando como lo ha hecho desde hace muchos años. Sería algo injustificado otro proceder, es decir, pasar esa función a otros: lo dice (o lo hace) él o ella para que me entiendas a mí (o que yo lo hago). ¿Sería esa una forma de actuar que fomentara el debate y, por tanto, la participación democrática de la sociedad?
La gota que terminó por mover a esos y esas intelectuales fue la multa contra Nexos y la revelación de que esa revista colocaba centenares de suscripciones en el gobierno, lo que no era otra cosa que un oculto subsidio.
¿Qué tendría que ver con este asunto la investidura presidencial? Según los 600, hay persecución al ejercicio de la libre difusión de las ideas, aunque no hayan presentado caso alguno. Las sanciones impuestas a Nexos hubieran sido un argumento ridículo y debatir sobre la suspensión de la compra de suscripciones llevaría a demasiadas preguntas. Así que una y otra vez se orillan a cuestionar la libertad de expresión del presidente, misma libertad que, en general, según dicen, está en peligro.
¿Bajo el actual gobierno, a quién se ha perseguido por sus dichos o escritos? ¿En el plano civil, cuántas demandas se han interpuesto contra posibles autores de afirmaciones calumniosas o difamatorias contra el Ejecutivo Federal? Los y las 600 no pueden decir nada al respecto, pero, claro está, tampoco admiten en su filípica que no hay represión gubernamental.
La investidura presidencial es algo inherente al cargo, pero no tiene una forma unívoca de expresarse. En México no existe la figura de jefe de Estado, pero las funciones del presidente adquieren ese matiz en las relaciones internacionales y en la parafernalia oficial. Por el otro lado, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, el presidente de la República, pues no existe consejo de gobierno o de ministros. Así, este cargo se parece más a un jefe de gobierno que a un rey o presidente de república parlamentaria, quienes son intocables y tampoco pueden tocar.
En los países con mayor tradición democrática el jefe de gobierno está todo el tiempo en el debate. Los y las 600 no están de acuerdo. ¿Por qué? Ellos y ellas se dicen cultos e informados. ¿Acaso desconocen la manera de discutir en países no tan ajenos como España o Italia? En casi todas partes el debate es diario, aunque no haya mañaneras.
La oposición ilustrada de las y los 600 intelectuales debería dedicarse a la crítica sistemática, a la polémica, pues también para esto, se supone, han estudiado lo suficiente. Quizá durante los años del neoliberalismo muchos de esas y esos nuevos opositores se la pasaron bien, ajenos a los avatares de la política, recibiendo concesiones y otorgando soslayos para no entrar en conflicto con el poder que repartía privilegios como forma de asumir ciertos costos. Pero ahora deberían entender que la lucha política ha cambiado. Ya no están vigentes las viejas reglas. La ciudadanía aprobó su derogación. ¿Es tan difícil entender la realidad?
Al decir que está en peligro la democracia, esa oposición ilustrada no tendría más que apoyar directamente a la oposición, digamos, pedestre, a la que le faltan ideas y, en consecuencia, propuestas. Si su propósito central es arrebatar la mayoría parlamentaria a la 4T, muchos de las y los 600 tendrían que solicitar al PRI, PAN, PRD, MC unas candidaturas para tratar de llegar a San Lázaro a detener a López Obrador. Eso sería más práctico y digno que estar exigiendo inútilmente al presidente que deje de decir lo que piensa para adecuarse al viejo e hipócrita concepto de investidura que ellos y ellas mismas quieren revivir. Vaya que hasta en eso se afilian al conservadurismo.